08/08/2024 - 11:36 hs-Uno de los negocios en los que se interesó Martínez Sosa fue el de Corredores Viales, vinculado a brindar seguros para un negocio de siete millones de dólares anuales que el bróker le sacó a otra compañía gracias a sus contactos.

La investigación por el escándalo de los seguros continúa y en las últimas horas revelaron que el ex Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis fue el nexo para que Héctor Martínez Sosa consiga un contrato por US $ 7 millones de pesos anuales en Corredores Viales. El bróker le sacó a otra compañía gracias a sus contactos.

La persistencia en las gestiones para obtener contratos de seguros es algo que se trasluce en los más de 1.800 mensajes que intercambiaron María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, y su marido Héctor Martínez Sosa, el bróker investigado.

Los nexos de Cantero con diversos funcionarios de la gestión, según se desprende de los chats, eran efectivos. Según quedó registrado en los chats, el 1 de julio de 2021, la secretaria del ex presidente le blanqueó a su marido que un ministro de alto nivel había intervenido para conseguirle un negocio, el contrato de los seguros en las autopistas que le garantizaba al broker una suma millonaria

- "Me acaba de decir Kato (por Gabriel Katopodis entonces ministro de Obras Pública) que lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Y que cualquier cosa lo llames", le escribió Cantero.

- Martínez Sosa le contestó: "Okkk".

Ese contrato, hasta que intervino Katopodis, estaba en manos de otro prestador, Castello Mercuri, que había sido seleccionado para intervenir en "carácter de asesores de seguros respecto de las pólizas vigentes, renovaciones y contratación de nuevas coberturas", para Corredores Viales según los documentos oficiales.

Ese contrato se había constituido antes del Decreto que firmó Alberto Fernández en 2021 y que obligaba a todos los organismos del Estado a contratar a Nación Seguros. Era un negocio importante, el segundo de relevancia dentro de Nación Seguros SA y por un total de siete millones de dólares anuales.

El 14 de diciembre de 2020 el directorio de Corredores Viales informó que Castello Mercuri SA era la compañía que iba a asumir la "responsabilidad civil, todo riesgo operativo, seguro ambiental, operaciones viales y terceros en tránsito, responsabilidad civil y/o todo riesgo flota vehículos, entre otros aspectos".

En el documento oficial se explicitó que la contratación respondía a la necesidad de la empresa de "proceder a la optimización del esquema de las diversas coberturas provenientes de una decena de concesionarios viales".

Un año después y más específicamente, tras la firma del Decreto que la justicia estudia y que lleva la firma de Alberto Fernández, la compañía Castello Mercuri SA recibió la notificación de que no continuarían con dicha contratación.

La fecha coincide con las gestiones impulsadas por Martínez Sosa, siempre con llegada directa con gran parte del gabinete de Fernández. El 1 de julio de 2021 le aseguran al bróker que lo que había pedido "ya estaba" solucionado. En diciembre de ese año Castello Mercuri recibe la nota, sin explicaciones ni notificaciones previas, de que no se continuaría con el contrato.

El cambio de contratación para dejar afuera del negocio a Castello Mercuri, según pudo reconstruir Clarín, se realizó tras una reunión del directorio de Corredores Viales donde fue corrido su entonces presidente, Gonzalo Atanasof, quien había otorgado el contrato a dicha firma. En esa reunión se designó a un nuevo gerente general y a un asesor de legales. Acto seguido, quedó designada la compañía Bri Broker SA, controlada por Martínez Sosa

Por esa contratación percibió Bri Broker recaudó solo en concepto de comisiones 30.260.148 pesos entre 2022 y 2024. La justicia federal se encuentra en proceso de análisis de los casi 1.800 mensajes que intercambiaron Cantero y Martínez Sosa, en los que en casi doce ocasiones está mencionado Alberto Fernández. Las comunicaciones son cotejadas con la documentación obtenida durante estos meses de investigación.

La justicia sospecha de un posible "entrelazamiento entre compañías" cuyo común denominador es el amigo del ex presidente de la Nación y a su vez, esposo de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, propietaria del explosivo celular que desnuda cómo lograron acumular contratos de diversos ministerios y organismos estatales, donde según fuentes de la causa "aprovechó su lugar de privilegio".

Fuente: diariochaco.com