Fue detenido por un fallo de la Cámara de Apelaciones. Sus abogados van el lunes por el "primer round". Luego acudirán a los tribunales superiores.

El fiscal Sebastián Robles requerirá la prisión preventiva para Diego Raúl Peña, sospechado de estafar en $ 900.000 a una mujer que le había entregado el dinero para que le comprara dólares.

Así lo fundamentará Robles en audiencia, ante la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, más los defensores Rodrigo Corlli y Juan José Saín.

La batalla legal se precipitó el 20 de septiembre. Una mujer fue a comprarle U$S 21.000 a Peña, y a tal fin le entregó $ 900.000.

Peña y dos amigos desaparecieron con el dinero y terminaron detenidos el 22, en confusas circunstancias.

Con la damnificada engañada, sin los dólares, Peña fue imputado por "estafa".

Hábeas corpus

Después de la detención Peña fue excarcelado, pero los vocales Sandra Generosos y Carlos Olivera revocaron el fallo por considerar la existencia de "riesgos procesales".

Robles insistió en la detención y la jueza María Pía Danielsen le dio la razón, al firmar la detención y allanamiento.

Hoy, Peña está detenido y los abogados intentarán neutralizar la preventiva.

En forma paralela, ya elevaron un recurso de hábeas corpus y el martes vencen los plazos para aspirar (admisibilidad) a un recurso de casación.

Superior Tribunal

Casación es sinónimo de Superior Tribunal de Justicia, esfera ante la cual se bregará por la libertad de Peña.

Para la Fiscalía, Peña tendría los medios para profugarse y, por ende, exhortaría a la Justicia a no reintegrarlo a la sociedad.

En ese contexto, subrayará que Delitos Económicos sólo recuperó $390.000, pero $500.000 están "desaparecidos".

Criterios variados

Literalmente, habrá "choques" de criterios, de los cuales participarán jueces de Control, vocales de Cámara y quizá del propio Superior Tribunal de Justicia.

La Fiscalía "perseguirá" el delito y pedirá el resarcimiento del daño sufrido por la víctima.

Por el contrario, Saín y Corlli juzgarán que tratándose de un delito excarcelable, no habría razón legal para privar de la libertad a su cliente.

Explotarían "vicios formales", léase tecnicismos, resueltos en convencer a los tribunales superiores que Peña no interferirá en el proceso, mucho menos huirá de la provincia.

Allí radicaría el punto vulnerable: Peña huyó tras el escándalo y encima fijó como domicilio una casa de la cual fue excluido por "violencia de género".