Caracas, 13 mar (EFE).- Familiares de presas políticas en Venezuela exigieron este viernes garantías para las detenidas y la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, mientras organizaciones no gubernamentales denuncian que el instrumento jurídico es excluyente por dejar fuera a numerosos casos.

En las adyacencias de la cárcel conocida como la Crisálida, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), los familiares exigieron que se respete el debido proceso y el Estado de derecho en Venezuela.

"Exigimos que si se quiere un país democrático deben respetarse las leyes, exigimos la libertad de todas las presas políticas", señaló Marvi Misler durante la actividad, apoyada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), ONG integrada por madres, esposas y otros parientes de estos arrestados.

En este penal, hay "más de 100 mujeres detenidas por motivos políticos", según dijo a EFE el activista e integrante del CLIPP Diego Casanova, quien abogó porque el Estado "pueda reconocer el daño que viene haciendo con estas mujeres" y que "puedan otorgarle la libertad plena para que se reencuentren con sus familias".

Por su parte, Migdalys Urdaneta, hermana de la presa política Adelmary Leal, aseguró a EFE que acudió al lugar desde la ciudad de Maracaibo -capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), un viaje de unos 655 kilómetros- en apoyo a la concentración, pese a que su pariente no se encuentra en La Crisálida, sino en otro penal de Caracas.

"Estamos desesperados. He ido a todas partes: a la Asamblea (Parlamento), al tribunal, a la Defensoría del Pueblo. Creo que ya es hora de que nos den respuesta y de que le den la libertad a todas esas personas que están presas injustamente", subrayó Urdaneta, quien pidió a la Justicia que revise los casos de las presas políticas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza hasta el pasado 9 de marzo 508 detenidos por estos motivos, de los cuales 54 son mujeres.

El Gobierno niega que haya personas detenidas por motivos políticos y afirma que están en prisión porque cometieron delitos, un señalamiento que rechazan varias ONG y varios partidos opositores.

La Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 7.727 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, informó el pasado jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión que hace seguimiento de la legislación.

(c) Agencia EFE