28 de Marzo, 2026-Reforma a la ley de glaciares-Qué cambia con la reforma que divide aguas en la Argentina. Por qué una ley clave para el agua dulce del país está en el centro de un debate político, ambiental y económico.

Los glaciares no son solo paisajes imponentes de la cordillera: son reservas estratégicas de agua dulce. De ellos dependen ríos, ecosistemas y actividades productivas en amplias regiones del país. Por eso, cualquier cambio en su protección despierta fuertes controversias. Hoy, una propuesta de reforma a la Ley de Glaciares avanza en el Congreso y ya genera alarma entre especialistas, organizaciones ambientales y sectores de la ciudadanía.

   El punto central del debate es claro: se está flexibilizando la protección de los glaciares para permitir el avance de la minería.

Un cambio de reglas en la protección del agua

   La ley vigente establece un "piso mínimo" de protección a nivel nacional. Esto significa que, más allá de las decisiones provinciales, existen criterios comunes para resguardar estos ecosistemas. La reforma propone modificar ese esquema.

   Uno de los cambios más relevantes es quién controla y define qué es un glaciar protegido. Actualmente, esa tarea recae en un organismo científico nacional. Con la reforma, pasaría a depender de cada provincia.

   Esto abre la puerta a un escenario fragmentado: cada jurisdicción podría aplicar sus propios criterios para decidir si un glaciar tiene o no "relevancia hídrica". En términos simples, algunas masas de hielo podrían dejar de estar protegidas si una provincia considera que no son importantes para el abastecimiento de agua.

   Para los críticos, esto implica un riesgo evidente: lo que hoy está protegido en todo el país podría dejar de estarlo según decisiones locales, muchas veces atravesadas por intereses económicos.

Minería y presión empresarial

   El informe que analiza la reforma sostiene que el proyecto no surge de una necesidad técnica o científica, sino de intereses económicos concretos. En particular, señala a grandes empresas mineras internacionales con proyectos en zonas cordilleranas.

   Estas compañías operan —o buscan operar— en provincias como Mendoza, Catamarca y Salta, donde la actual legislación limita actividades en áreas cercanas a glaciares. La reforma, según este enfoque, facilitaría el desarrollo de esos emprendimientos.

   El argumento a favor suele ser económico: generación de empleo, ingreso de divisas y desarrollo regional. Sin embargo, los detractores cuestionan que experiencias previas no han cumplido plenamente esas promesas.

¿Quién controla a quién?

   Otro punto crítico es el sistema de control ambiental que plantea la reforma. En el nuevo esquema:

• Las provincias tendrían mayor poder de decisión.

• Los estudios de impacto ambiental serían realizados por las propias empresas interesadas en los proyectos.

• En algunos casos, las autoridades que deben controlar comparten áreas con sectores productivos como minería o energía.

   Esta combinación genera lo que algunos especialistas describen como un conflicto de intereses: quienes deben evaluar el impacto ambiental podrían tener incentivos para aprobar los proyectos.

Un debate sin consenso

   La velocidad del tratamiento legislativo también es motivo de crítica. Según el informe, no existen dictámenes científicos ni jurídicos que respalden la necesidad de modificar la ley.

   Además, se señala una falta de "licencia social": es decir, un respaldo claro de la ciudadanía para avanzar con cambios de este tipo. En distintas regiones del país, la actividad minera en zonas sensibles ha enfrentado históricamente resistencias sociales.

Posibles conflictos legales

   La reforma podría no terminar en el Congreso. Diversos especialistas en derecho constitucional advierten que el proyecto podría ser inconstitucional.

   El principal argumento es el principio de "no regresión ambiental", que establece que las normas no deberían reducir el nivel de protección ya alcanzado.

   También se mencionan posibles tensiones con compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de cambio climático y protección ambiental. Esto podría derivar en una ola de amparos judiciales si la ley se aprueba.

   Paradójicamente, este escenario también generaría incertidumbre para las propias empresas, que buscan marcos regulatorios estables para invertir.

Mucho más que el 1% del territorio

   Aunque las áreas glaciales representan una pequeña porción del territorio nacional, su importancia es desproporcionada. Funcionan como reguladores naturales del agua, liberándola de manera gradual y sosteniendo el caudal de ríos durante épocas secas.

   Por eso, el impacto de cualquier cambio en su protección no se limita a la cordillera: puede afectar a comunidades, ciudades y actividades productivas aguas abajo.

Un debate que recién empieza

   La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares expone una tensión de fondo: cómo equilibrar desarrollo económico y protección ambiental en un contexto de cambio climático.

   Si el proyecto avanza en el Congreso, es probable que el debate continúe en la Justicia y en la sociedad. Mientras tanto, una pregunta sigue abierta: ¿qué valor le asigna Argentina a sus reservas de agua dulce en el largo plazo?

28-03-26 Fuente: diarionorte.com