6 de Octubre, 2025-Los trabajadores rechazaron la venta de la empresa nuclear estatal.La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar en la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) —la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares de potencia del país: Atucha I, Atucha II y Embalse— generó fuerte rechazo entre los trabajadores del sector.

El pronunciamiento, difundido en un comunicado tras la publicación del decreto 695/25 en el Boletín Oficial, denuncia que la privatización constituye "un nuevo capítulo del desguace del sector energético nacional" y advierte sobre el impacto económico, laboral y estratégico que tendría la medida.

Una empresa estratégica a "precio vil"

   Los trabajadores subrayan que Nucleoeléctrica posee activos cuyo valor real supera los u$s 10 mil millones, considerando su infraestructura, talleres, capacidad tecnológica y recursos humanos altamente calificados. Según estimaciones de especialistas citadas en el comunicado, el Ejecutivo buscaría vender la empresa por u$s 1.100 millones, es decir, menos del 10 % de su valor real.

   "Se trata de una liquidación a precio vil", sostienen, recordando que las tres centrales se encuentran en plena capacidad operativa. Atucha II, inaugurada en 2015, garantiza tres décadas más de generación eléctrica; Embalse extendió su vida útil hasta 2050 y Atucha I atraviesa un proceso similar que le permitirá operar al menos hasta 2048.

   "Quien se quede con NASA recibirá décadas de generación garantizada sin invertir un solo dólar", advirtieron.

Herencias del modelo menemista

   El documento también apunta contra la Ley 24.065 de Energía Eléctrica, sancionada en 1992 durante el gobierno de Carlos Menem, que según los trabajadores "abrió la puerta a la entrega del sistema energético" al prohibir que las empresas públicas tuvieran fines de lucro y al fragmentar el sistema en generación, transporte y distribución.

   "Fue una copia del modelo inglés de Thatcher", denuncian, al señalar que dicha normativa "condenó a las empresas estatales a depender de subsidios y debilitó su capacidad de inversión".

Rentabilidad y vaciamiento

   Pese a las restricciones impuestas por la legislación vigente, NASA continúa siendo una empresa superavitaria. En el primer trimestre de 2025 registró un resultado financiero positivo de 17.234 millones de pesos, con una proyección anual equivalente a u$s 53 millones.

   Sin embargo, los trabajadores sostienen que la compañía es víctima de un "vaciamiento progresivo". Argumentan que al sector privado se le paga más por la energía generada que a la empresa estatal: mientras una central térmica o una renovable privada cobra hasta u$s 106 dólares por MWh, NASA recibe u$s 57 dólares, pese a ofrecer energía limpia y constante. "El Estado paga más caro a los extranjeros y a los privados que a su propia empresa", remarcan.

Empleo calificado en riesgo

   El impacto laboral es otro de los puntos que genera preocupación. Según los cálculos del personal, una eventual gestión privada podría derivar en entre 700 y 1.300 despidos, si se aplican los estándares de productividad del sector nuclear privado internacional.

   A ello se suma la pérdida de profesionales formados por el Estado: en lo que va del año, más de 300 trabajadores —en su mayoría ingenieros y técnicos especializados— renunciaron debido a los bajos salarios.

   "Se paga apenas un tercio de lo que cobra un profesional del sector privado", denunciaron, y advirtieron que el golpe sería "devastador" para la región de Zárate-Campana, donde la industria nuclear constituye un eje clave de la economía local.

Ciencia, soberanía y seguridad nacional

  Más allá del aspecto económico, el comunicado subraya el valor estratégico del sector nuclear.

   "La Argentina es uno de los pocos países que domina el ciclo nuclear completo. Privatizar NASA significa entregar una capacidad tecnológica única, acumulada durante décadas", afirman los trabajadores.

   También señalan que la energía nuclear aporta alrededor del 7 % de la generación eléctrica nacional, pero representa una fuente estable, limpia y libre de emisiones de carbono, lo que la convierte en un componente esencial de una matriz energética soberana.

  "La energía nuclear no puede quedar en manos privadas. No se trata solo de electricidad: es una cuestión de soberanía y seguridad nacional", remarcan.

Un llamado a la movilización

   Finalmente, el comunicado ubica la privatización en el marco de un "pacto entreguista con el FMI y EEUU" y convoca a un plan de lucha nacional que unifique a trabajadores del sector energético, científicos y organizaciones sociales para frenar la medida.

  Entre sus principales consignas, exigen:

• La nulidad de la Ley 24.065 y del decreto 695/25 que habilita la privatización.

• La transformación de NASA en una empresa estatal unificada, bajo control de sus trabajadores.

• La derogación del artículo 8 de la Ley Bases, que habilita las ventas de activos estratégicos.

• Un paro nacional en defensa de la soberanía energética.

   "Somos los trabajadores quienes movemos el mundo. Si bajamos la potencia generada, se paraliza el país. Está en nuestras manos", concluye el texto.

Contexto y controversia

  El anuncio de la privatización de Nucleoeléctrica se enmarca en el programa de reformas estructurales impulsado por el gobierno de Milei, que busca reducir el peso del Estado y atraer inversión privada. Desde el oficialismo argumentan que la medida busca "modernizar" la gestión y "mejorar la eficiencia" del sector energético.

   Sin embargo, para amplios sectores científicos, sindicales y políticos, se trata de una entrega de activos estratégicos que pone en riesgo la autonomía tecnológica del país.

   La disputa por el futuro de la energía nuclear argentina promete convertirse en uno de los conflictos más emblemáticos de la actual etapa política.

 Fuente: diarionorte.com