hace 11 meses - ECONOMÍA
Tiempo de lectura: 3 minutos, 43 segundos13 de Abril, 2025-Así lo revela la Encuesta Nacional Inquilina, elaborada por la organización Inquilinos Agrupados, que define esta situación como un verdadero "desalojo económico".
La cifra marca una escalada preocupante: en diciembre de 2024, el 25% de los inquilinos había reportado haber dejado su hogar por razones económicas. Solo tres meses después, ese porcentaje ascendió al 30%, consolidando una tendencia alarmante que muestra cómo el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más restringido para amplios sectores de la población.
La encuesta no solo indaga en la situación habitacional, sino también en las condiciones laborales que atraviesan los inquilinos, las cuales explican buena parte de la dificultad para sostener un alquiler. Según los datos relevados:
• El 9,2% de los inquilinos está desempleado, un salto notable respecto al 5% registrado en diciembre del año pasado.
• Un 35,3% se encuentra buscando una segunda fuente de ingresos.
• El 27,7% tiene al menos un familiar que perdió su empleo en los últimos meses.
• Además, el 67% manifestó preocupación por la cantidad de horas que trabaja, lo que apunta a un escenario de subempleo y deterioro de las condiciones laborales.
Este cuadro evidencia el impacto de la crisis económica sobre el poder adquisitivo de los hogares, que ya no logran cubrir necesidades básicas como la vivienda, incluso estando empleados.
El informe también da cuenta del creciente endeudamiento de los inquilinos: el 65% declara estar endeudado, y el 48% presenta atrasos en el pago de servicios esenciales. Entre los rubros más comprometidos se encuentran:
• Tarjetas de crédito: 51% de los encuestados.
• Compra de alimentos: 38%.
• Alquiler: 30%.
Los alquileres, en particular, mostraron incrementos muy por encima del índice general de inflación. Mientras el IPC de marzo se ubicó en el 3,7%, los alquileres crecieron más del doble en algunas regiones del país:

A estos datos se suma un informe del Indec, que reveló que entre marzo de 2024 y marzo de 2025 la inflación acumulada fue del 55,9%, mientras que el rubro de vivienda y servicios básicos se disparó un 149% en el mismo período. El encarecimiento de los alquileres, combinado con tarifas más altas de luz, agua y gas, configura una carga insoportable para miles de familias.
La Encuesta Nacional Inquilina también recoge percepciones sobre el futuro inmediato. El 88% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses. Esta expectativa refleja la creciente sensación de inseguridad habitacional y la precarización general del mercado de alquileres tras la liberalización de las reglas y la caída del poder adquisitivo.
El estudio, publicado días antes del anuncio del IPC de marzo, anticipó con claridad las consecuencias sociales de la falta de intervención estatal en el mercado inmobiliario, en un contexto de salarios estancados y costos de vida en alza.
La segmentación de los datos revela que la crisis de alquileres no golpea a todos por igual. Los jóvenes de entre 25 y 34 años son el grupo más afectado: el 34,8% de ellos tuvo que mudarse por no poder sostener los aumentos. Este dato evidencia cómo las nuevas generaciones enfrentan crecientes dificultades para acceder a la vivienda en condiciones dignas.
También se destaca una clara dimensión de género en la problemática: el 59,1% de quienes se vieron más afectados por los desalojos económicos son mujeres. Esto pone de relieve cómo la inestabilidad habitacional profundiza desigualdades estructurales ya existentes en términos de género, especialmente cuando las mujeres deben afrontar solas los costos de alquiler, crianza o cuidado familiar.
La situación laboral más frecuente entre los inquilinos es la de trabajadores monotributistas, informales o sin estabilidad laboral, lo que refuerza el carácter estructural de la crisis. Se trata de un perfil que no cuenta con contratos estables, sufre ingresos variables o directamente no accede a los derechos laborales básicos, y que por ende queda completamente expuesto a las subas del mercado.
Frente a este panorama, el informe de Inquilinos Agrupados alerta sobre una tendencia cada vez más marcada hacia la precarización del derecho a la vivienda. Las condiciones actuales favorecen los abusos por parte de propietarios o inmobiliarias, en un escenario donde el inquilino carece de herramientas para negociar o defenderse.
Desde la organización remarcan que la intervención estatal se vuelve urgente y necesaria. Esto incluye, entre otras medidas, la regulación del precio de los alquileres, la creación de un registro público de contratos, mecanismos de resolución de conflictos más ágiles, y políticas de vivienda que amplíen la oferta habitacional para sectores medios y bajos.
La falta de políticas activas en el mercado de alquileres no solo afecta a quienes buscan vivienda, sino que también deteriora el tejido social, expulsa a sectores enteros de las zonas urbanas y profundiza las desigualdades sociales.
En palabras del informe: "Lo que estamos viendo no es un problema aislado, sino una consecuencia directa del abandono de las políticas públicas en materia de vivienda. Si no se actúa pronto, la situación se volverá aún más crítica y el acceso a una vivienda digna se convertirá en un privilegio para pocos".
Fuente: diarionorte.com
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