3 de Abril, 2025-El fotoperiodista Kaloian Santos Cabrera, quien trabajó durante 13 años en la Secretaría de Cultura, fue despedido días después de que sus fotografías ayudaran a identificar al gendarme que disparó a Pablo Grillo en la cabeza durante una protesta.

Aunque el Gobierno justificó el despido como parte de una "reducción de personal", Santos Cabrera fue el único desvinculado de su área, lo que sugiere una represalia por su labor periodística.  

   El 31 de marzo, Santos Cabrera recibió un escueto correo electrónico en mayúsculas, notificándole que su contrato no sería renovado. El texto, frío y burocrático, contrastaba con la abrupta decisión:  

   "Estimado/a, me dirijo a usted a efectos de notificar que su contrato no será renovado a partir del 1° de abril de 2025. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A."  

   El Gobierno insiste en que fue un "ajuste", pero en su sector no hubo más despidos. La verdadera razón parece clara: sus fotos expusieron la represión estatal y permitieron identificar al cabo primero Guerrero, el gendarme que disparó a Grillo.  

Una orden política  

   El sindicato ATE intentó mediar, pero la Secretaría de Cultura respondió que la decisión "vino de arriba". María José Pérez Insúa, directora de Comunicación del área, admitió que no fue su decisión, sino una indicación del poder político.  

   Santos Cabrera sabía que su trabajo lo ponía en riesgo: "Sabía que esto podía pasar, pero no me arrepiento. Mi trabajo fue impecable, y mostrar la realidad a través de mi cámara es algo de lo que me siento orgulloso."

   Su despido no es solo la pérdida de un empleo: es un mensaje intimidatorio para la prensa. "Si mostrás la represión, te silenciamos", parece decir el Gobierno.  

Pablo Grillo: lenta recuperación  

   Mientras tanto, Pablo Grillo, el fotógrafo herido, muestra signos de mejoría. Su padre, Fabián Grillo, contó emocionado que ya habla, reconoce a sus seres queridos e incluso ha dado sus primeros pasos con ayuda de kinesiólogos. Sin embargo, la gravedad de sus heridas —fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica— deja secuelas.  

La justicia, bajo presión  

   Después de semanas de inacción, la jueza María Romilda Servini comenzó a avanzar en la causa: solicitó el legajo del gendarme Guerrero y analiza grabaciones que podrían ser clave. La familia y organismos de derechos humanos exigen que no haya impunidad.  

   Lo que está en juego no es solo un despido o un caso judicial, sino la libertad de prensa y el derecho a documentar la represión. Porque, como demuestra este caso, para este Gobierno, el mayor peligro no es la violencia, sino quienes la muestran.

 Fuente: diarionorte.com