4 de Marzo, 2025-Recorte de pensiones-El 14 de enero se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/25, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que introduce cambios en la evaluación de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC).

La resolución utiliza un baremo basado en coeficientes intelectuales (CI) con términos arcaicos y ofensivos como "idiota", "débil mental" e "imbécil" para clasificar a las personas con discapacidad. Según este criterio, un "idiota" tendría un CI de 0 a 30, mientras que un "débil mental leve" oscilaría entre 70 y 90. Más allá de su carácter discriminatorio, estas categorías reducen a las personas con discapacidad a un diagnóstico clínico deshumanizante. 

   El rechazo de organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad fue inmediato. La indignación llevó al gobierno a intentar desligarse del escándalo con dos medidas: la remoción de Myriam Améndola, responsable de la redacción de la resolución, y un comunicado donde se argumentó que los términos ofensivos fueron incluidos "por error". Sin embargo, resulta difícil creer que un documento oficial haya sido publicado sin revisión previa.  

El fondo de la cuestión, las pensiones   

   Más allá del lenguaje utilizado, la intención de fondo es clara: reducir la cantidad de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Desde finales de 2024, el gobierno ha intensificado la revisión de estas pensiones, exigiendo a los beneficiarios documentación médica actualizada bajo amenaza de suspensión. Esto obliga a personas con discapacidad a enfrentar largas esperas en hospitales públicos colapsados, con un sistema de salud deteriorado por la falta de recursos y personal, por anteriores políticas de desinversión, agravadas por el actual gobierno.

   La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006, establece que las barreras que enfrentan estas personas no son solo médicas, sino también sociales y económicas. Sin embargo, el gobierno insiste en evaluar la discapacidad únicamente desde un criterio médico, ignorando el contexto de cada individuo y restringiendo el acceso a un derecho esencial.  

   Este ajuste sobre las PNC no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de recortes al gasto social, mientras se prioriza el pago de la deuda y se cumplen las exigencias de los acreedores internacionales. En un contexto de crisis económica y creciente pobreza, las personas con discapacidad son empujadas a la exclusión y la miseria, víctimas de un Estado que, en lugar de garantizar derechos, busca abandonarlas a su suerte.

Fuente: diarionorte.com