hace 1 año - ZONALES
Tiempo de lectura: 1 minuto, 54 segundos26 de Noviembre, 2024-Advierten que podría atentar contra su vida-El Comité para la Prevención de la Tortura denunció ante los fiscales Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís de Obaldía Eyseric y Víctor Recio, que exdirector del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Carlos Mauricio Andión, es sometido a malos tratos y presión psicológica por personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). La mujer del acusado de cometer actos de corrupción, acudió a losDerechos Humanos.
El Comité para la Prevención de la Tortura denunció ante los fiscales Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís de Obaldía Eyseric y Víctor Recio, que exdirector del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Carlos Mauricio Andión, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción durante su gestión, padece maltrato psicológico en el Complejo Penitenciario I de Resistencia.
La pareja de Andión ha denunciado que las condiciones de su detención son infrahumanas, alegando que no cuenta con agua para higienizarse, convive con insectos y no tiene acceso a un patio ni a comunicación telefónica, con su abogado o familiares.

Según la denuncia, Andión está en una situación de angustia debido al trato y sufre requisas violentas. Uno de los profesionales del Comité entrevistó a Andión y diagnosticó que el exfuncionario del gobierno de Jorge Capitanich padece un"cuadro de descompensación de tipo traumático", señalando alteraciones significativas en su salud mental, incluyendo "ideas suicidas permanentes y labilidad emocional severa".

El informe del perito del Comité contra la Tortura, advierte que si continúa en estas condiciones, se podría poner en riesgo su integridad psicofísica.

En respuesta a este diagnóstico, el Comité solicitó al Equipo Fiscal Especial (EFE), la promoción urgente de medidas judiciales para proteger a personas privadas de libertad que estén bajo riesgo de tortura o malos tratos. Se sugirió adoptar medidas que garanticen la dignidad del detenido, considerando las circunstancias particulares del caso y evaluando el peligro procesal existente.

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