2 de Noviembre, 2024-En un barrio marginal y de salario mínimo ya se paga en parte del consumo el mismo precio que una familia muy adinerada.

El esquema tarifario implementado por el gobierno de Javier Milei ha eliminado subsidios para acelerar el ahorro fiscal, estimado en 4.000 millones de dólares para el próximo año. Esto genera una situación en la cual tanto usuarios de bajos como de altos ingresos pueden llegar a pagar el mismo precio por los servicios de luz y gas, lo que resulta en una evidente inequidad. 

   Mediante el decreto 467, se ha otorgado mayor flexibilidad a la Secretaría de Energía para aumentar las tarifas sin los topes vinculados a los salarios, eliminando los límites de aumento que beneficiaban a consumidores de ingresos bajos y medios.

   El gobierno ha otorgado a la Secretaría de Energía libertad para redefinir las categorías tarifarias, buscando reducir el segmento protegido y limitando los subsidios para los usuarios más pobres. Desde hace tres meses, tanto personas de bajos ingresos como de clase media pagan tarifa plena por el consumo de electricidad que supere los 350 kilowatts en un bimestre, una medida que también se aplica al gas con variaciones por zona y época del año. 

   Si bien se plantea que los ajustes tarifarios podrían considerar factores bioambientales, esta medida no garantiza protección para los sectores más vulnerables, quienes, sin acceso a redes de gas y dependiendo de la electricidad para calefaccionarse, terminan pagando una proporción significativa de sus ingresos. 

   Además, la tarifa incluye incrementos en transporte y distribución, que ya han aumentado un 640% para gas y casi 300% para luz este año, afectando de igual manera a ricos y pobres. A pesar de su postura en contra de la justicia social, el gobierno ha reconocido la necesidad de una tarifa social dirigida a los sectores más vulnerables.

   El gobierno de Milei ha flexibilizado las tarifas de luz y gas, eliminando subsidios y permitiendo aumentos sin límites para todos los usuarios, incluso los de bajos ingresos. Los hogares pobres y de clase media que superen ciertos niveles de consumo ahora pagan tarifa plena. 

   Aunque se considera el contexto ambiental para ajustar tarifas, los sectores vulnerables, que a menudo dependen de electricidad para calefacción, podrían destinar gran parte de sus ingresos a estos servicios. Este esquema ha incrementado los costos de transporte y distribución, afectando a todos por igual, y aunque el gobierno rechaza la justicia social, reconoce la necesidad de una tarifa social para los más necesitados.

Fuente: diarionorte.com