28/07/2024 - 10:40 hs-Se espera que la próxima semana el juez federal Sebastián Casanello defina si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito para el líder del Polo Obrero.

La investigación que pone en la mira a dirigentes del Polo Obrero por presunta defraudación millonaria al Estado Nacional sigue avanzando. El juez federal Sebastián Casanello se prepara para decidir la próxima semana si procesa, sobresee o dicta falta de mérito al líder de la organización, Eduardo Belliboni.

El expediente, liderado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, examina la posible malversación de $ 360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron bajo el programa Potenciar Trabajo. Se sospecha que una porción significativa de estos fondos fue desviada hacia empresas que emitían facturas falsas y, en algunos casos, el dinero se canalizaba a una imprenta vinculada al Polo Obrero para financiar la campaña del Partido Obrero.

El juez Casanello identificó al menos $40 millones desviados a varias empresas sospechosas, incluyendo la imprenta Rumbos, Coxtex, RicoPrint, UrbanGraphics, Carlos Monfrini y Miniso Trade. Según la investigación, Rumbos, Coxtex y Miniso Trade habrían sido utilizadas para generar facturas apócrifas, justificando compras ficticias de materiales de trabajo. Los fondos, en realidad, se destinaron a otros fines.

Coxtex, catalogada por la AFIP como empresa fantasma, fue creada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, prestanombres que aparecen en la documentación. Esta firma presuntamente vendió computadoras y software al Polo Obrero, aunque no existen registros de tales compras.

En cuanto a Miniso Trade, la investigación revela que la empresa no tiene domicilio social ni historial en el sector de la computación, y está vinculada a ciudadanos chinos. Se supone que vendió notebooks ficticias al Polo Obrero.

Por otro lado, RicoPrint y UrbanGraphics habrían contratado servicios legítimos, pero parte del dinero fue redirigido a la imprenta Rumbos mediante cheques. Esta imprenta, gestionada por dirigentes históricos del Polo Obrero, recibió aportes electorales por $18 millones provenientes de estos fondos.

Además de la malversación de fondos, la investigación abarca denuncias de extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Los beneficiarios reportaron que se les exigía un porcentaje del plan, se les cobraban los bolsones de comida y se les imponían multas por no asistir a marchas organizadas por la agrupación. Estas prácticas se confirmaron mediante mensajes y chats aportados por los propios beneficiarios.

La investigación también alcanza a otras organizaciones como Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Entre los acusados se encuentran 27 personas vinculadas a estas agrupaciones, que operaban en comedores populares.

El próximo fallo del juez Casanello será crucial para determinar el destino judicial de Eduardo Belliboni y otros implicados en este complejo entramado de defraudación y extorsión, que pone en evidencia las irregularidades en la administración de programas sociales.

​Fuente: TNCrédito: TN​