10 de Enero, 2024´-Los tarifazos -que comienzan con el del gas-, los precios de los servicios –con la salud privada a la cabeza- y la renegociación de la deuda pública en pesos son elementos que anuncian mayores presiones inflacionarias. - Por Rubén Tonzar

En estos primeros 30 días de ejercicio del nuevo gobierno, la economía atravesó una fortísima devaluación, una suba sideral de los precios, sobre todo de los alimentos, y la consecuente multiplicación de la tasa de inflación. A pesar de que Milei y sus colaboradores sostuvieron en todo momento que las resoluciones económicas que tomaban eran dolorosas pero imprescindibles para atajar la amenaza hiperinflacionaria, lo que se ve es que las propias medidas del gobierno propician más y más inflación . Veamos.

La tarifa del gas hace punta

El incremento de las tarifas de gas fue presentado como una eliminación de subsidios a los consumidores . Durante la audiencia pública –requisito legal aunque no vinculante para el tarifazo- el secretario de Energía, González Chirillo, dio a conocer un propósito adicional: la suba de la tarifa deberá financiar los subsidios otorgados a las productoras de gas por su extracción. 

Chirillo dijo que gran parte del aumento iría a cubrir el elevado precio que el Estado paga a las productoras de gas no convencional en Vaca Muerta: entre 2021 y 2023 recibieron entre u$s 1.500 y u$s 1.700 millones anuales. Este régimen de sostenimiento de la actividad de las petroleras, instaurado en 2012, después de la reprivatización de YPF y de los contratos de exploración en Vaca Muerta, se materializó en los Planes Gas, Gas Plus y otros, por lo que el Estado pagaba hasta el doble del valor internacional del BTU por la extracción.

Chirillo informó en la audiencia que la tarifa que pagan los usuarios solo cubre u$s 0,7 de los u$s 4 por BTU que las petroleras cobran al Estado. Sin embargo, la información de la subsecretaría de Programación Energética dice que el costo promedio de extracción en Vaca Muerta era de u$s 1,7 en 2017, con tendencia bajista. Entre las beneficiarias principales del régimen de subsidios están Tecpetrol (Techint) y la misma YPF. 

El actual gobierno decidió mantener el régimen de subsidios, pero trasladando su costo al consumidor: con aumentos sucesivos a lo largo de tres meses, el 100% del costo de los Planes Gas deberá ser pagado por los usuarios. Además, Chirillo anunció subas en las tarifas de transporte y distribución de gas, de entre el 400 y el 700%. Ello requeriría de la eliminación total de tarifas subsidiadas a los consumidores, que se enfrentarán a subas de entre 300% y 400%.

Además, el gobierno quiere introducir un índice de actualización mensual (el que se le niega a los jubilados, por ejemplo) para las tarifas de gas,  lo que llevará a una presión inflacionaria continua. El aumento de las tarifas de gas impacta directamente en otros rubros, como la electricidad, generada en gran medida con gas natural.

Las cuotas de las prepagas 

Las empresas de medicina privada, tras el aumento del 40% en las cuotas de enero, planifican ahora nuevos incrementos para febrero (27% al 30%). Además, elaboran planes "low cost" para competir con las obras sociales sindicales. 

Claudio Belocopitt, director de la Unión Argentina de Salud, dijo que los aumentos se deben al incremento de precio de los insumos médicos, no a las cuotas de las prepagas en sí, y anticipó aumentos adicionales para marzo. Está en debate la modificación del Plan Médico Obligatorio, lo que podría permitir el cobro de copagos por servicios no cubiertos, preparando el camino a un sistema de salud totalmente arancelado.

Estos cambios impactarán en las obras sociales sindicales: por ejemplo, OSECAC dijo que está en condiciones de competir con las prepagas, aunque esa competencia puede implicar que muchos monotributistas ya no puedan acceder a esa obra social. 

En tanto, muchos trabajadores sanitarios del sector privado están recibiendo sus salarios en cuotas, y los profesionales médicos sufren desfasajes por parte de las prepagas en el cobro de honorarios. La situación presiona aún más sobre el sistema de salud pública , que debe absorber a quienes no pueden mantenerse en el sistema privado ni en las obras sociales.

La situación financiera y de deuda 

El gobierno discute un "megacanje" de deuda en pesos del Tesoro, por unos u$s 71.000 millones, en un contexto exacerbado por la reciente devaluación del 110%, que disparó la inflación al 30% mensual y las tasas de interés al 8%. Este escenario llevó a una brecha creciente entre el dólar oficial y los paralelos, con especulaciones sobre una nueva devaluación.

La deuda del Banco Central con la banca privada es de unos 24 billones de pesos. Desde la asunción de Milei hasta el 2 de enero, el BCRA había emitido unos 3,5 billones de pesos para pagar los intereses.  Esa deuda de 24 billones está colocada en Pases y más de la mitad de ellos corresponde a la liquidez de los bancos privados -$ 14,6 billones-; unos $ 8,2 billones es de bancos públicos y alrededor de $ 1,5 billones de Fondos Comunes de Inversión. El gobierno quiere transferir esa deuda en pesos al Tesoro, que si la suma a la propia terminará con una deuda total equivalente a u$s 150 mil millones. 

Adicionalmente, los importadores reclaman una deuda de u$s 61.000 millones con proveedores extranjeros, que el gobierno quiere manejar emitiendo bonos que no fueron bien recibidos por el mercado. Los importadores no los tomaron y en cambio volvieron a la compra dólares financieros para pagar sus deudas, una de las razones del nuevo rush de la divisa en los últimos días. 

El objetivo del gobierno es reestructurar la deuda en pesos a cinco años, sin pago de intereses en 2024, para dejar el déficit financiero en cero y disminuir la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal. 

Pero los banqueros solo aceptarán esa reestructuración si obtienen condiciones aún mejores que las que hoy detentan. Desde el Ministerio de Economía deslizaron que intentarán seducirlos con una valuación de la deuda "a precio de mercado", dando a entender que la cotización real estaría por encima del valor de adquisición. 

En contabilidad pública es fraudulento calcular el déficit limitándose a los números de caja, ignorando la deuda que se genera cuando el Tesoro no llega a pagar el gasto. Una eliminación del déficit usando tal mecanismo sería absolutamente ilusorio. Una reestructuración en estos términos no aliviaría, sino que empeoraría la creciente deuda del Tesoro y aumentaría la deuda pública a largo plazo. 

Una forma de reducir rápidamente esa deuda en pesos del Tesoro sería la devaluación, aunque agregaría más riesgos. Todos los analistas advierten del riesgo de que una nueva devaluación pueda desencadenar una hiperinflación, y de que el intento de absorber la masa monetaria en pesos con otro aumento de la deuda pública pueda ser explosivo, porque los rendimientos de los títulos públicos podrán continuar volcándose al dólar (y repercutiendo sobre la inflación y las tasas). 

Es decir, la estrategia de reciclar deuda del gobierno puede agudizar la crisis financiera del país, al mismo tiempo que las crisis social, económica y política se profundizan.

Según el ministro Caputo, la conformidad del FMI en la revisión concluida ayer se sostendría en que para abril la buena cosecha de este año genere un gran salto de las exportaciones y del superávit comercial. Claro que ese eventual excedente de dólares será comprado por el BCRA emitiendo pesos, elevando necesariamente la emisión y obligando a absorber el ‘sobrante’… a no ser que los dólares vuelvan a salir para pagar deudas, intereses y dividendos en el exterior. 

Fuente: diarionorte.com