El cimbronazo se traduciría en imputaciones seguras. En la previa, los operativos son delineados entre agentes del Estado, fiscales y jueces de dos jurisdicciones diferentes.

09/12/2022 - 01:08 Política

Un ejército de efectivos policiales, representantes del Estado y funcionarios comandarán antes de fin de año un segundo procedimiento, resueltos en recuperar miles de hectáreas que permanecen usurpadas en los departamentos Alberdi y Copo.

Así lo adelantó ayer, brevemente, a EL LIBERAL el fiscal de Estado, Raúl Abate. El funcionario fundamentó la movida en el firme convencimiento de trabajar en pos de recuperar las tierras del y para el Estado.

Aunque Abate no lo profundizó, en consonancia con la primera estocada a la usurpación (concretada el 3 de octubre pasado) esta segunda avanzada conllevaría un ambicioso zarandeo en contra de empresarios, cómplices y encubridores, detrás de un jugoso negocio de muchas décadas.

Los preparativos

Si los operativos representan un "clon" del reciente, participarían más de 200 personas, entre integrantes de Fiscalía de Estado, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Policía de la Provincia, reparticiones públicas y de otras áreas.

En la práctica, el laboratorio de trabajo sería coordinado entre el fiscal de Estado, fiscales de las jurisdicciones de Copo y Alberdi, la segunda de la ciudad Capital. Por ende, también trabajarían jueces de Control y Garantías de ambos distritos.

Implementados los procedimientos, se prevé que los funcionarios trabajen en tierras ricas, cuyo presente usurpado habría estado precedido por una elección no tan al azar: allí radica el quid de las maniobras.

La Provincia y la Justicia sospechan de agentes del Estado que habrían colaborado para "servir en bandeja" las tierras a los empresarios y pobladores en la mira.

Toda una complejidad

El cometido de revertir las operatorias a contrapelo de la Ley -sin pausa- los funcionarios fijan prioridades y dibujan las ubicaciones geográficas de las tierras en que operarán en las próximas semanas.

Habría informes preliminares sobre diagnósticos. Es decir, los funcionarios tendrían en claro que hay tierras con producción de sembradíos, de maíz y trigo.

Por contrapartida, el "golpe" del Estado repercutiría en el universo judicial. Se sospecha que los fiscales refrendarán imputaciones en contra de particulares, siempre y cuando sus conductas reflejen una clara "vocación" delictiva y certezas de haber engordado sus arcas con las tierras en pugna.

Un alto funcionario deslizó anoche a EL LIBERAL que las notificaciones serán colectivas, ya que todos los civiles conocen su realidad, aún cuando se alzaron voces de protesta escudándose en "compras de buena fe".

Para los policías, algunos poseedores, o dueños, deben recurrir a su documentación. La Provincia golpeará sus puertas, con la sutil certeza de que fueron burlados en su buena fe, o bien les llegó la hora y las deudas se pagan.

Uno que sale y otro que entra

Mientras tanto, la Justicia abrió un proceso por las 20.000 tierras recuperadas en octubre e imputó a sus responsables. Fueron detenidos Daniel Omar Santillán, Argentino Santillán, Elías Santillán, María Inés Salvatierra y el empresario chaqueño Edgardo Raúl Gurman.

Justamente, el empresario recuperó la libertad días atrás, merced a una incipiente y corta batalla legal entre fiscales y su abogado, Daniel Víctor Nazar.

En tanto, permanecerían prófugos Daniel Rolando Tessio, Román Esteban Ércoli, Abraham Santillán, Lito Omar Santillán, Juan Navarro y Hugo Daniel Rostirola.

Días atrás, la jueza de Control y Garantías, Valeria Díaz, prorrogó la detención de Elías Santillán. Está sospechado de vender dos veces un mismo campo, obviamente a dos personas diferentes. Su situación es difusa y los fiscales van por la prisión preventiva.