La sorpresiva muerte del fiscal Alberto Nisman fue uno de los hechos que mayor conmoción generó en el mundo político y judicial en la última década, pero a siete años del hallazgo de su cuerpo con un disparo en la cabeza sigue sin haber una resolución sobre si fue un suicidio o un asesinato. 18 de Enero, 2022

 En la noche del 18 de enero de 2015, el cuerpo del entonces  fiscal de la causa que investiga el atentado contra la AMIA fue  hallado en el baño de su departamento de Puerto Madero por su  madre, Sara Garfunkel, con un orificio de bala en la cabeza.

   La muerte se dio cuatro días después de que Nisman denunciara a  la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman, junto a otros funcionarios y dirigentes cercanos al  kirchnerismo, por presunto intento de encubrimiento del atentado a  la AMIA y un día antes de que se presentara en el Congreso.

   La denuncia de Nisman apuntaba contra el Memorándum de  Entendimiento con Irán que había promovido la Argentina y que fue  aprobado por el Congreso: el fiscal afirmó que detrás había un  pacto para que cesaran las alertas rojas contra los iraníes  acusados.

   El sábado 17 de enero, un día antes de que apareciera su  cuerpo, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces  diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso,  quienes habían cursado la invitación al fiscal para que diera  detalles en el Congreso sobre su denuncia.

   Ese mismo día por la tarde, según constató la investigación,  Nisman había recibido en su casa al técnico informático Diego  Lagomarsino, titular de la pistola Bersa calibre 22 que efectuó el  disparo mortal en la cabeza del fiscal.

   El técnico informático aseguró que Nisman le había pedido el  arma prestada por seguridad, dado que temía por su vida y,  principalmente, por la de sus hijas, y no confiaba en su custodia,  según el relato de Lagomarsino.

   A partir del hallazgo del cuerpo y en medio de la agitación  política por el hecho, se abrieron básicamente dos hipótesis: la  del suicidio -voluntario o inducido- y la del asesinato político,  sostenida entre otros por la ex esposa de Nisman y jueza federal  de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

   El hecho fue investigado inicialmente como ‘muerte dudosa‘ y la  causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Fein, quien el 24 de  enero informó que ‘el disparo fue a una distancia no mayor a un  centímetro‘ y que ‘no se infiere la participación de terceras  personas‘.

   En mayo de 2015, una junta de 13 peritos del Cuerpo Médico  Forense y la Policía Federal presentó la pericia médica sobre el  cuerpo de Nisman, de la que también participaron Osvaldo Raffo y  el legista Julio Ravioli como peritos de la parte querellante  (Arroyo Salgado) pero se negaron a firmar.

   El informe señaló que la muerte fue ‘menor a 24 horas‘ en un  sentido ‘amplio‘, y en un sentido ‘acotado‘ ‘entre 14 y 24 horas‘,  desde la realización de la autopsia, en las primeras horas del  lunes 19 de enero y que el disparo se efectuó dos centímetros  arriba de la oreja. 

 ‘Ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos  médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en  forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial  médico legal que se haya tratado de un hecho homicida‘, agregó el  informe pericial.

   A su vez, dictaminó que en su muerte no había habido  participación de ‘terceras personas‘, pese a que en las manos del  cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora.
   A mediados de diciembre de 2015, la jueza en lo Penal Fabiana  Palmaghini, que hasta entonces había supervisado la investigación,  decidió asumirla plenamente y apartó a la fiscal Fein de la  función que había cumplido hasta el momento.

   En marzo de 2016 -terminado ya el gobierno de Cristina Kirchner  e iniciado el de Mauricio Macri- la jueza Palmaghini se declaró  incompetente inmediatamente después de tomarle declaración al ex  hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Jaime Stiuso (que  trabajaba con Nisman en la causa AMIA) y pasó la causa al fuero  federal, como en su momento había reclamado Arroyo Salgado.

   Tras un rechazo inicial de esos tribunales, la Corte Suprema  resolvió en septiembre de 2016 que el caso se investigara en la  Justicia Federal y la causa quedó en manos del juez Julián  Ercolini.

   En abril de 2017, el fiscal Eduardo Taiano dispuso realizar  nuevamente las pericias médica y técnica (sobre los dispositivos  electrónicos) y encargó la tarea a la Gendarmería Nacional, que en  septiembre presentó el informe en el cual señaló que había rastros  de ketamina en el cuerpo de Nisman y que había sido ejecutado por  al menos dos personas situadas en el baño del departamento.

   El fuerte contraste entre la pericia de Gendarmería y la del  Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal no hizo más que  agigantar la polémica en torno al caso, casi siempre enfocada  desde la política partidaria, y profundizar la incertidumbre ante  la pregunta más importante: si se mató o lo mataron.