SAENZ PEÑA (Agencia) - Hace un mes le quitaban la vida a la cosmetóloga Liliana Acosta en el Barrio Mariano Moreno, en un hecho salvaje que motivó el repudio generalizado de la comunidad y la consecuente movilización no solo por pedido de justicia sino también de medidas de seguridad.

Un día después, el gobierno municipal anunció que pediría el Concejo Municipal la aprobación del estado de emergencia en Seguridad. Eso motivó que el intendente de la comuna local, en una audiencia que ya estaba acordada, le expusiera el tema con la tapa de NORTE de ese día al presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien ordenó el envío de efectivos de Gendarmería Nacional a Sáenz Peña.

En este marco, se colocaron retenes entre gendarmes e inspectores municipales, junto a la Policía del Chaco, con la finalidad de controlar a los que ingresan e egresan del casco urbano. Se detuvieron infinidad de motos, que obligó al gobierno municipal a alquilar un galpón para alojarlas allí hasta tanto sean retiradas.

Paralelamente, el propio Cipolini un par de días después envió al Concejo municipal un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en materia de seguridad que contrarreloj los bloques legislativos debatieron con celeridad logrando el consenso para de inmediato aprobar por unanimidad el despacho unificado y facultar al ejecutivo local a la toma de decisiones para la implementación de distintas medidas y acciones apuntando a la búsqueda de medidas para mejorar la seguridad ciudadana. Pero, ¿bajó el número de delitos que se denuncian?, ¿se denuncian en realidad todos los hechos que ocurren? o ¿y los que no se dan parte a la policía? Esos son los interrogantes que surgen transcurrido el tiempo y con hechos significativos ocurridos con la emergencia ya en vigencia.

Llamativamente de acuerdo al informe policial de ayer, el fin de semana no se registraron robos aunque extraoficialmente se supo de algunos casos ocurridos. Esto resulta un claro ejemplo de lo citado anteriormente y reafirma el interrogante sobre si no se denunciaron o no fueron informados.

Una ciudad “anillada”

Los operativos comenzaron a aplicarse casi de manera inmediata con la participación de las fuerzas provinciales, federales y el municipio comenzaron las acciones de contralor que mantienen virtualmente “anillada” la ciudad con los controles que se efectúan en los accesos a la ciudad.

Paralelamente, con puestos móviles los efectivos de las fuerzas de seguridad y tránsito realizan los operativos en arterias del casco urbano.

Estas acciones permitieron en varias oportunidades el secuestro de armas, ya sea blancas o de fuego y la aprehensión de sujetos que presumiblemente se dedicaban a la actividad delictiva, aunque nobleza obliga, aún con los operativos en plena vigencia se perpetraron hechos de magnitud que generaron debate sobre la efectividad de estos operativos. Esto llevó al surgimiento de cuestionamientos respecto a la efectividad de los operativos ya que surgió de manera recurrente la queja de los vecinos aduciendo “nos vienen con una ciudad “blindada” aunque puertas adentro los delincuentes siguen haciendo de las suyas”.

A favor de la tarea policial, se encuentra el recupero de varios elementos sustraídos en distintos hechos, recupero de motos y el desmantelamiento de un desarmadero, cuestiones que hablan a las claras que se trabaja pos hechos y evidencian la necesidad de profundizar la prevención.

Sabido es que para circular conduciendo cualquier tipo de vehículo se deben cumplir las exigencias establecidas en las normativas vigentes. Igualmente la implementación, en el marco de la emergencia en materia de seguridad, de controles de vehículos especialmente las motocicletas generan descontento en algunos sectores de la sociedad.

Si bien el reclamo no pone en discusión la necesidad de ordenar el tránsito sino más bien pone bajo la lupa los horarios en que se realizan estos controles que “afectan principalmente a la gente trabajadora, cuando debe hacerse foco en los horarios donde los delincuentes salen a hacer de las suyas”.

En lo que va de los operativos concretados dentro de la emergencia la cantidad de motocicletas secuestradas por distintas irregularidades supera largamente el millar por lo que desde algunos sectores surgía el cuestionamiento respecto a si “en realidad se buscaba mejorar la seguridad o si slo tenía solamente un fin recaudatorio”.

Luego del crimen de Liliana Acosta en el barrio Mariano Moreno que sacudió las entrañas de la sociedad y movilizó a vecinos de la zona pidiendo por más seguridad, se registraron varios hechos aún con la emergencia en vigencia.

Semanas después otra muerte, que si bien no está relacionada directamente con inseguridad sino que tiene otras aristas, en ese caso un joven del barrio Arce que perdió la vida en la vía pública tras una aparente rencilla de vieja data. Este caso igualmente sirve para graficar el caso de violencia que se vive desde hace un tiempo en la ciudad.

Otro hecho está relacionado con un grupo de jóvenes que en los últimos días tuvo a maltraer a la zona del barrio Ginés Benítez donde venían perpetrando distintos delitos uque obligó a la intervención de distintas unidades policiales que tuvieron un enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo para lograr su aprehensión. Incluso en un episodio hasta aquí no esclarecido totalmente la casa de la occisa cosmetóloga fue atacada a cascotazos por desconocidos.

A ello hay que sumarle distintos arrebatos violentos y robos a mano armada que tuvieron en jaque la seguridad de varias personas que vieron como los delincuentes se apropiaban de sus bienes como una jubilada del barrio Termal que a metros de su domicilio fue encañonada y le sustrajeron pertenencias como documentaciones y dinero en efectivo.

04-04-17. Fuente y Foto. Diario Norte.