SAENZ PEÑA (Agencia) - No sería desacertado hacer una película sobre los dineros obtenidos por el tráfico de cocaína en bolsas de carbón vegetal desde una provincia marginal como Chaco al moderno continente europeo. Un reciente informe del Ministerio Público Federal revela el entramado que armó uno de los principales narcotraficantes del país, que asentó base en Quitilipi.

Al menos, si se habla de películas, esa fue una de las “inversiones” hechas por algunos de los imputados en esta causa “Carbón Blanco” que financiaron la producción de filme, y también compraron acciones de empresas y se dedicaron a negocios inmobiliarios.

El abogado Carlos Salvatore protagonizó el caso más emblemático en materia de narco-criminalidad, con el envío de estupefacientes a Europa disimulados en carbón vegetal. Asi comienza diciendo un artículo publicado por el portal del Ministerio Publico Fiscal Federal, quien señala que mucho menos conocida es la operatoria desarrollada para lavar los cuantiosos fondos provenientes del narcotráfico, delito por el cual se encuentra procesado con prisión preventiva. En esta nota, un detalle de la investigación del MPF que puso al descubierto la conformación de un verdadero entramado financiero, inmobiliario y empresarial con dinero proveniente del tráfico de cocaína.

Carlos Salvatore, el líder de la banda criminal que más cocaína envió al exterior. Cada vez más causas sacan a luz el impune proceder que tuvo a lo largo de varios años.

El aviso con el que N&S Administraciones promocionaba su emprendimiento inmobiliario “Libres del Sud”, a erigirse en la ciudad de Mar del Plata, era particularmente atractivo, dice el sitio de los fiscales.

Con ciertos detalles de nivel y vista al mar, los departamentos de dos y tres ambientes presentaban además ciertas facilidades de financiamiento, lo que cerraba un combo ideal. Un año después, lo que parecía una propuesta interesante se transformó en una pesadilla. El edificio quedó sin terminar, las familias que compraron alguna de sus unidades no pueden escriturar ni continuar abonando las cuotas pendientes y, tanto peor, el empresario constructor responsable de la obra se encuentra inhibido y procesado por lavado de dinero. Y es que para la justicia existe sobrada evidencia que indica que el pintoresco emprendimiento formaba parte del conjunto de inversiones desplegadas por el líder narco Carlos Alberto Salvatore, condenado el año pasado en el marco de la emblemática causa “Carbón Blanco”, para canalizar al circuito legal los cuantiosos fondos provenientes del tráfico de cocaína a Europa.

El trabajo articulado entre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal María Laura  Roteta, y la Fiscalía Federal de Sáenz Peña,  a cargo de Carlos Sanserri, puso al descubierto un entramado financiero, inmobiliario y empresarial que, merced a la utilización de sociedades pantallas y testaferros, tenía como denominador común brindar apariencia de licitud a los cuantiosos fondos del narcotráfico.

La movida para lavar

En el año 2014, mientras todavía se encontraba en etapa de instrucción la causa por narcotráfico, la Procelac presentó una denuncia penal por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de clorhidrato de cocaína a Europa. La presentación en el juzgado federal de Roque Sáenz Peña se sustentaba en una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que daban cuenta de movimientos injustificados a través de las sociedades Gem Zud Corporation, Pure Vision S.A. y Saint Maxime S.A.. En todas estas sociedades participa Carlos Alberto Salvatore.

En el marco de la investigación por lavado, que desde un primer momento quedó delegada en la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña -con la Procelac designada como coadyuvante por ésta última- se llevaron adelante una serie de medidas (tareas de investigación, intervenciones telefónicas, constataciones de domicilios, seguimientos, entre otras), cuyos resultados fueron cotejados con la información que surgía del expediente 170/12, correspondiente a la última operatoria de contrabando de cocaína por el que se encontraba imputado Salvatore.

El análisis de esta información, confrontada con lo que se requirió a diversos organismos, nacionales y extranjeros, daba cuenta de la presunta aplicación de una gran masa de activos de origen delictivo en el sistema económico formal, por diferentes conductos. Así, se logró constatar que la organización liderada por Salvatore “generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante”.

Como operaban

El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata era uno de los canales elegidos para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es que esa modalidad delictiva se complementaba con otra, mediante la cual los edificios construidos violaban alguna de las disposiciones municipales, por ejemplo, superando la cantidad de pisos autorizados. La obra se detenía y los responsables de la construcción -ante la desesperación de los compradores por no poder escriturar- recompraban las mismas unidades “a precio vil”. No casualmente, Salvatore desembarcó en Mar del Plata a través de NS Construcciones, una sociedad que mantenía con el empresario de la construcción y antiguo cliente, Antonio Nicolosi, con quien realizó al menos nueve emprendimientos en esa ciudad de la costa atlántica.

Un condenado

Titular de la empresa constructora San Sebastián, Nicolosi fue condenado en 2004 a 13 años de prisión por una monumental estafa inmobiliaria cometida contra más de 500 familias en la década del noventa. Con la connivencia del entonces presidente del Consejo Deliberante José Manuel Pico (también condenado) y una escribanía, levantó trece edificios prohibidos por el Código de Planeamiento Urbano. Las familias nunca pudieron escriturar y algunos de los edificios debieron ser demolidos.

Un filme para niños

De acuerdo con la investigación, el cine fue otra de las actividades elegidas para canalizar recursos provenientes del narcotráfico. Estrenada en febrero de 2010 y destinada al público infantil, “Plumíferos, aventuras voladoras” es un largometraje  de animación en 3 D, el primero en su tipo realizado íntegramente en Argentina. Los reconocidos actores Luisiana Lopilato y Mariano Martínez prestaron su voz para darles vida a los personajes principales de la historia. El film fue producido por Manos Digitales Animation Studio S.A., empresa atribuida a Carlos Salvatore.

La intervención judicial y protección a damnificados

El 5 de mayo pasado, el juzgado federal de Roque Sáenz Peña dispuso la intervención judicial de seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata, entre las que se encuentran  “NS Administraciones, Propiedades, Edificios Construcciones S.A”; “Libres de Sud 2079 S.A.”; “Milenio Bienes Raíces S.A.”; “Saint Maxime S.A.”; “LBC Service & Consulting S.A.” y “General Paunero S.A.”. La medida cautelar, que rige por un plazo de 150 días, había sido requerida en forma conjunta por el fiscal federal Sansserri  y la Procelac, con el doble objetivo de, por un lado, asegurar el valor de los bienes utilizados en el delito de lavado de activos para posibilitar su decomiso al momento del dictado de la sentencia y, por el otro, para evitar situaciones perjudiciales para los terceros que de buena fe invirtieron en estos emprendimientos. Respecto a esta última cuestión, la Procelac, junto a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata y el Defensor del Pueblo de esa jurisdicción, mantuvo encuentros con los damnificados para encontrar una respuesta satisfactoria.

39 allanamientos

En el marco de la causa por lavado, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la inhibición general de bienes de 41 personas físicas y 64 personas jurídicas, lo que fue dispuesto por el juzgado. Asimismo, se llevaron adelante 39 allanamientos simultáneos, 23 de ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en Mar del Plata, 3 en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, 6 en Santa Fe y 2 en Santiago del Estero. Los procedimientos tuvieron lugar en domicilios particulares, empresas, inmuebles rurales, estudios jurídicos, notariales y contables, y contaron con la intervención de 242 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y 23 representantes del MPF, que supervisaron los distintos allanamientos.

Cabeza de la organización

En base a la documentación, se realizó un análisis de los movimientos bancarios, declaraciones juradas, libros societarios, operaciones bursátiles, y correos electrónicos, entre otros elementos. De ese análisis, se desprende que la operatoria de lavado habría consistido en que Salvatore adquiría bienes en el país y en el extranjero, y creaba o tomaba con los otros imputados distintas sociedades comerciales, valiéndose la organización de parte del paquete accionario, para luego controlarlas a través del directorio, y quedarse con la mayoría o la totalidad de la emisión de ese paquete de acciones. “En forma concomitante o a posteriori aumentaba considerablemente el capital societario (sin el sustento patrimonial que amerita legamente), posibilitando de esa forma la emisión de nuevas acciones que eran consolidadas en cabeza de la organización”, según detalló la Procelac.

La maniobra de adquisición, conformación, mutación societaria en sus miembros y el engrosamiento del capital social con fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, que en el caso se derivarían del narcotráfico, eran introducidos en el sistema económico, financiero y legal, apareciendo disimulados como el fruto de actividades lícitas.

Fuente y foto: diarionorte.com