Una misión de la ONU sobre Venezuela expresó este jueves en Ginebra sus “serias reservas” sobre la ley de amnistía aprobada recientemente en el país, por considerarla incompleta y carente de transparencia.

La misión de determinación de los hechos, establecida desde 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresa en nombre de la organización, presentó sus reservas.

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“En primer lugar, la ley se adoptó de manera precipitada, lo que impidió un proceso consultivo transparente e inclusivo”, lamentó María Eloísa Quintero, miembro de la misión.

Además, subrayó, la ley no reconoce la responsabilidad del Estado en materia de violaciones de derechos humanos.

“No prevé procesos transparentes y exhaustivos, ni investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad”, señaló.

La misión reprocha también el carácter “arbitrariamente restrictivo” del ámbito de aplicación de la ley, que excluye de sus beneficios “a un gran número de personas detenidas en relación con otros actos”.

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Una decena de exprisioneros políticos extranjeros asistieron a esta sesión del Consejo el jueves, vestidos con prendas de color azul claro similares a las que llevaban en la prisión de Rodeo 1, cerca de Caracas.

Las autoridades informaron el jueves de la liberación de más de 7.000 personas, cuya gran mayoría estaba en libertad condicional.

La ONG Foro Penal contabiliza 508 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, entre ellas extranjeros y menores de edad.

En Caracas, durante una rueda de prensa, Foro Penal anunció haber contabilizado en particular que 179 militares siguen entre las rejas.

“En la actualidad, nada ha cambiado en Venezuela; la represión y la situación humanitaria siguen siendo exactamente las mismas”, lamentó Olnar Ortiz, uno de los coordinadores de la ONG, actualmente refugiado político en Suiza.

La ley, promulgada el 19 de febrero, debe permitir la liberación de los presos políticos del país.

Varios cientos detenidos por razones políticas han sido liberados en Venezuela desde principios de enero, de los cuales un centenar en virtud de la amnistía, según el Foro Penal