Por otra parte, el juez Casanello admitió como querellante a la Oficina Anticorrupción.

El fiscal federal Guillermo Marijuan encabezó una serie de allanamientos simultáneos en unas 40 propiedades del empresario Lázaro Báez en El Calafate, una de las cuales compartiría con la ex presidenta Cristina Fernández. Entre las propiedades allanadas estaba un terreno de 87.000 metros cuadrados ubicado en Punta Soberana, a unos 10 kilómetros del casco urbano de El Calafate, y un hotel del empresario que aún no fue inaugurado, situado en el centro de la ciudad, conocido como "Shopping Báez". Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la causa por lavado de activos (conocida como "ruta del dinero K") que investiga el fiscal y por la que está detenido Báez desde hace dos meses. Los allanamientos "nos dan una idea del patrimonio de Báez, ya que sólo teníamos información catastral", precisó Marijuan. Mairijuan ratificó que en el operativo llevado a cabo en la casa de Río Gallegos de Luciana Báez, hija del empresario, tanto la mujer como su hermano Leandro lo consultaron "sobre aspectos vinculados a la causa" que no precisó. De todas formas, admitió que es probable que "pueda haber una nueva reunión" en Buenos Aires con la familia Báez. En tanto, el gobierno de Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), fue aceptado como parte querellante en la causa conocida por lavado de activos. Aunque el juez federal Sebastián Casanello está en Roma de visita oficial en el Vaticano junto a otros magistrados y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la OA fue notificada ayer de la decisión del juez. Al pedir su participación, la OA había resaltado que la declaración de Fariña reveló que el movimiento de fondos que se investiga obedeció a un "sistema corrupto iniciado por la adjudicación digitada de obras públicas (a través del Ministerio de Planificación), el cobro de sobreprecios en la obra concesionada y la liquidación de adelantos financieros con destino de retorno". 03/06/2016

Fuente y Foto: EL LIBERAL