22 de Diciembre, 2024-Entrevista exclusiva con NORTE-"Podría superar 80 % del total de las otorgadas", alerta el fiscal federal que lleva adelante dos investigaciones en la provincia.

El escándalo por las pensiones por discapacidad otorgadas de forma irregular en el Chaco tendrá dimensiones más grandes de las que hoy ponen en el foco a la provincia como sinónimo de corrupción.

Es que a partir de lo ocurrido en Taco Pozo, una localidad de las más pequeñas con un porcentaje de la población no menor que contaba con esta transferencia social, generó inquietud en algunos.

Fue entonces que la actual presidenta del Instituto de Tierras y antes con paso por la Anses, Marylin Canata, recurrió a la Justicia y allí el fiscal federal Carlos Amad inició una investigación que ahora la Agencia Nacional de Discapacidad certifica y valida el pedido de procesamiento que realizara contra trece funcionarios de ese municipio.

En cifras, la tarea del organismo dio cuenta que de las poco más de 2300 que por ahora controló el 66 por ciento no cumplía con los requisitos para recibir esta transferencia, es decir no presentaba una discapacidad.

"Ese número puede crecer hasta llegar al 80 por ciento", indica el representante del Ministerio Público como para graficar la magnitud de la corrupción. Amad es fiscal subrogante en Sáenz Peña y solicitó que lo que realizó en Taco Pozo alcance a las ciudades alcanzadas por su radio de intervención y las pensiones son algo más de 23000. Si solo con el 10 por ciento del control se llegaron a porcentajes tan altos todo indica que puede esperarse un aumento.

IR AL MUNICIPIO Y SALIR CON UNA PENSIÓN

El fiscal señala que cuando le tocó dialogar con los titulares de las pensiones potencialmente cuestionadas fueron varios los casos que admitieron que fueron a la Comuna de Taco Pozo para una gestión y como "regalo" le ofrecían una pensión a cambio de solo completar unos formularios.

"Había gente que salía del Municipio con una pensión", señala para describir la impunidad.

Es que en ese Municipio funcionaba la delegación de la Anses que tenía al mando a la hija del intendente Carlos Ibánez, hoy también con pedido de procesamiento. El organismo nacional es el agente de pago, las gestiones se hacen con la Andis luego de que se obtiene el certificado que acredita la discapacidad. En este caso naturalmente también hay imputados médicos, bioquímicos y otros que tuvieron participación en el requisito básico en expedir el documento sanitario.

"Había personas con una luxación de hombro o que tenía diagnosticado enfermedades crónicas como diabetes que tenían pensiones por discapacidad", graficó para agregar que en ese vale todo para gestionar esta transferencia no importaba el género ni la edad.

"Las pensiones crecieron durante el gobierno de Alberto Fernández, al tiempo que se relajaron o se eliminaron los controles producto de lo que fue la pandemia", agrega.

Fraude a la administración pública, falsedad ideológica en instrumentos públicos y asociación ilícita son los delitos que el integrante del Ministerio Público pidió que se juzgue a los acusados. "La mayoría son funcionarios públicos. El intendente, la directora de la oficina de Anses, quien era el director del hospital, gente que en vez de ayudar a la gente se dedicaba a otorgar certificados truchos", cerró.

Fuente:  diarionorte.com