Existe una relación directa y proporcional entre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba de los precios internos de los alimentos principalmente y de la energía en segundo lugar. Por: Horacio Rovelli 20 de Marzo, 2022

Hemos visto que en el último registro de la suba de los precios  de los bienes y servicios del INDEC, correspondiente a febrero de  2022, si bien la inflación general fue de 4,7%, el incremento en  el precio de los alimentos fue de 7,5% y en la provincia de Buenos  Aires, dicho incremento fue incluso mayor, de 8,6%. Marzo se supone que va a ser un mes igual o peor.

   ¿Por qué suben los precios y en forma generalizada, y más aún  en el caso de los alimentos?

Porque están fuertemente concentrados  los grandes productores y comercializadores de granos, con todos  sus derivados: harinas, aceites, biocombustibles, y también lo está el comercio internacional de la carne vacuna.

Además, está concentrada la distribución de la electricidad o del gas, el  precio de los combustibles, del acero, del cemento, del aluminio,  etcétera.

   En el tema central de los granos y sus derivados, solamente  nueve empresas, cinco norteamericanas: ADM, Bunge, Cargill,  Glencore y Louis Dreyfus; una china, Cofco -que compró Nidera y  Noble, y se convirtió en un importantísimo acopiador y  comercializador de granos en la Argentina actual-; y tres,  teóricamente, nacionales: Aceitera General Deheza, ACA -que es la  Asociación de Cooperativas Argentinas, que son 25 cooperativas  ricas- y la división agro de Pérez Companc: Molinos Río de la Plata en el mercado interno y Molinos Agro para la exportación. 

   Estas nueve empresas el año pasado representaron el 80% de las exportaciones de granos y derivados en Argentina.

   A su vez, en el tema de la carne existe un consorcio llamado  ABC, compuesto por 16 frigoríficos que son los que realizan el 66%  de las exportaciones de carne y el 100% de la cuota Hilton. Esto es: existen más de 200 mil productores, más de 6.000 frigoríficos,  pero solo 16 son los que representan en Argentina el 66% de las  exportaciones de carne vacuna y el 100% de la cuota Hilton. 

   En ese consorcio ABC que los agrupa están dos firmas  brasileñas: Margrif y Quick. Está FRIAR, que era de Vicentin y que ya no sabemos ni de quién es. Está La Anónima, de los Braun.

Está  Coto; está Frigorífico Rioplatense. 16 frigoríficos que ya fueron acusados en su momento, durante la gestión de Paula Español, por  vender carne de vaca e incluso carne que -supuestamente- no era  apta para consumo humano, pero era carne para exportación. La  vendían a Uruguay a un precio menor y Uruguay vendía al precio  internacional.

   Esta confabulación entre grandes acopiadores y  comercializadores de granos y derivados y el consorcio ABC de  carnes tiene representación en la Bolsa de Cereales de Rosario. 

   Dicha bolsa de cereales conforma un trípode para exportar e  importar todo por el Río Paraná, en el que está privatizada su  explotación (dragado y balizamiento) a través de Hidrovía SA,  sociedad conformada por la empresa belga Jan de Nul y la privada  local EMEPA SA.

   El trípode es: explotación del comercio por el Río Paraná y el  control de los puertos de Rosario y de Montevideo. Porque las  empresas acopiadoras y comercializadoras de granos y de carne  tienen filiales en Montevideo, puerto que también está  concesionado hasta 2081 a una empresa belga (Katoen Natie).

   Ellos se oponen a la construcción del canal de Magdalena porque  sería una salida fuera de Montevideo, por puertos propios de aguas  profundas como tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires,  y se le acabaría todo este negocio de tener que pasar sí o sí por  Montevideo o por Rosario.

   Entonces, tenemos un precio exorbitante de nuestros productos,  de todo lo que sea granos y de todos sus derivados.

¿Cómo puede  ser posible que en la Argentina habiendo tenido récord de  producción de trigo, 22 millones de toneladas el año pasado, se  autorizó a exportar 14 millones de toneladas? 

Quedarían 8 para el  mercado interno, el consumo interno representa entre 600 mil y 650  mil toneladas de trigo por mes. O sea, que estaremos hablando a lo sumo de 7 millones y medio de toneladas. Sobraría trigo.

Sin  embargo, no le venden la bolsa de harina a los panaderos en todo  el país, sino se le paga una suma mucho mayor que lo estipulado en  acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

   Antes de comenzar la guerra de Ucrania y Rusia, la bolsa de 25  kilos de harina salía $1.300. En la semana del 14 al 18 de marzo  de 2022 a ningún panadero de la Ciudad o en el Gran Buenos Aires  le bajan del camión la bolsa de harina para pan a menos de $2.200.

En Córdoba el precio rondaba los $3.000.

   Las tierras son argentinas, los trabajadores argentinos, la  lluvia, el arroyo, todo es argentino. Se produce todo acá, sube el  precio internacional y nos hacen subir el precio de sus derivados  acá. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tenemos que pagar precios  internacionales cuando tenemos costos nacionales? 

   Porque el objetivo del Gobierno y del FMI es dolarizar todo lo  que se pueda.

Esto es: aumentar las exportaciones a como dé lugar,  sin ningún tipo de razonamiento. Aumentar los saldos exportables.

Primero exportar y después vender al mercado interno. Y solamente  se vende al mercado interno, sí o sí, al mismo precio que al  mercado internacional. 

   Ello explica también el aumento del precio de los combustibles  no bien enterados del conflicto Ucrania-Rusia a la par que se  incrementaba el precio internacional del barril. Y lo volvieron a  aumentar al precio de los combustibles el lunes 14 de marzo  pasado. En tres semanas, el precio de la nafta y del gasoil en el  mercado local se acrecentó en un 20%.

   Dos empresas, YPF SA y Pan American Energía, tienen el 70% de  la extracción de petróleo en la Argentina actual.

En YPF, si bien el 51% del paquete accionario es del Estado nacional, con el 6,06%  de participación que tiene Black Rock (que es el fondo de  inversión que posee mayor cantidad y valor de títulos de deuda  Argentina, se estima una tenencia de más de 2.000 millones de  dólares) y un 20% más de un pool de capitales privados, tienen  ellos más decisión en el directorio de YPF SA que Pablo González,  que es su presidente.

   Lo que no dicen es que nuestro salario y las jubilaciones y  pensiones no se internacionalizan. Es más, se ajustan a pautas  mucho menores que la inflación. Y la inflación refleja esto que  estamos contando.

Por ejemplo, en este primer trimestre, el  Gobierno avaló que el aumento a los jubilados sea un poco más del  12% y la inflación general acumulada hasta febrero está un 8%,  pero en alimentos es mucho más, va a ser alrededor del 18 o 20% y  el nivel general de precios va a ser del 14 o 15% en el  trimestre.

   Por lo tanto, hay un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo  de la población que se hace vía inflación y eso se explica porque  los grandes acopiadores y comercializadores de granos y los  frigoríficos exportadores agrupados en el consorcio ABC dolarizan  y prefieren vender afuera porque cobran mucho más de lo que pueden  vender al mercado interno.

   Un Gobierno débil y dependiente

   Exigido por el FMI y por el resto de los acreedores para pagar  una deuda externa acrecentada en más de 100.000 millones de  dólares en la gestión de Cambiemos, El Gobierno depende del  ingreso de divisas para pagarla. Dependencia que es grave cuando  el 65% de las exportaciones efectuadas en 2021 fueron realizadas  por las mismas empresas extractivistas y agropecuarias nombradas.

 Entonces, ante el exorbitante aumento del precio de trigo a  nivel internacional (por encima de los 400 dólares la tonelada),  el Gobierno decidió crear un fideicomiso, que se conforma con el  2% de aumento en los derechos de exportación de la harina de soja  y del aceite de soja. La cantidad estimada permitirá subsidiar  hasta 3,8 millones de toneladas de trigo para vender al mercado  interno a $ 25.000 la tonelada, en lugar de los $ 40.000 que están  solicitando los grandes molinos harineros.   

Las empresas que exportan soja y sus derivados y trigo y sus  derivados son básicamente las mismas nueve empresas referidas,   por ende, ellos saben que no pueden asfixiar a la población con  más aumento y de esa manera el precio del kilo de pan rondaría en  las panadería nuevamente entre los $ 220 a $ 260.

   En segundo lugar, el trigo ya estaba destinado al mercado  interno, forma parte de los 8 millones de toneladas que se venden  en el país, se trata de esta manera que no aumente su precio por  encima de lo acordado.

   En tercer lugar deben acordar realizar un fondo con el 2% de  incremento de los derechos de exportación (retenciones), porque no  pueden subir más del 3% esos derechos por la Ley 27.541 de  Emergencia Económica de Alberto Fernández, la que establece que no  se puede subir las retenciones más de 3%; de esa manera, el trigo,  el arroz, la avena, el girasol, el maíz, etcétera, tienen una tasa  del 12% y lo máximo que puede llegar a ser es el 15%.

   En cuarto término, para modificar la ley se necesita del voto  del frente Juntos por el Cambio y dijeron claramente que se oponen  y que si se incrementaba la tasa del derecho de exportación no le  votaban a favor el acuerdo con el FMI.

   Quinto y último lugar, el ‘campo‘, como le gusta llamarse a la  Mesa de Enlace, que agrupa a las cuatro entidades patronales (SRA,  CRA, FAA, CONINAGRO), ya advirtió con lanzar un paro de su sector  porque el Gobierno aumenta las retenciones.

   Mientras tanto, al presidente Fernández no le tiembla el pulso  para acordar con el FMI un plan de gobierno que libera el precio  del dólar oficial para que se iguale a la inflación y de esa  manera deteriora el poder adquisitivo del salario, de las  jubilaciones y pensiones.   

   Es más, su Gobierno firmó en el memorando de entendimiento que  el gasto previsional no puede superar el 43% del presupuesto  nacional (como fue en 2021, cuando más del 50% de los 7.100.000  jubilados y pensionados nacionales percibieron el haber mínimo o  en torno al haber mínimo), con lo que condena a los supuestos  beneficiarios a percibir un ingreso igual que en la actualidad o  menor (por la tasa de incorporación al sistema que es mayor que la  tasa de baja que se produce por deceso) hasta 2034, que es el  plazo final del acuerdo con el FMI.

   Sin embargo, titubea y se amedrenta ante la amenaza de que el  ‘campo‘ le haga un paro patronal y/o los exportadores no liquiden  las ventas que realizan al mundo al dólar oficial.

   Un Gobierno débil y subordinado al FMI, y ésa es la razón por  la que perdió más de 4 millones de votos en 2021 con respecto a su  elección en 2019.

Horacio Rovelli - Licenciado en Economía y profesor de la Facultad de  Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Fuente y foto: diarionorte.com