El fiscal de Estado señaló que espera la remisión de las actuaciones de la Justicia sobre las licencias médicas falsificadas en la docencia, para presentarse como querellante y exigir la devolución de los sueldos que se cobraron sin trabajar.

El Fiscal de Estado doctor Raúl Abate manifestó que el escándalo de las licencias médicas truchas emerge, a todas luces, "como un acto defraudatorio" y adelantó que "el Estado se constituirá en querellante". Así lo señaló el funcionario a EL LIBERAL, el día después de que el fiscal de la causa, Julio Carmelo Vidal, confiara su intención de trasladar los resultados de la investigación de la Justicia ordinaria a Fiscalía de Estado. "Es lógico. Hay un acto defraudatorio en virtud del cual el Estado ha sido perjudicado" por lo que se tomará cartas en el asunto "amén de los respectivos sumarios administrativos iniciados por la responsabilidad de estos agentes", indicó el funcionario. Abate aclaró que "aún no hemos analizado el expediente" y consultado si se presentará como querellante, afirmó que es casi seguro. "Podríamos constituirnos como querellantes y reclamar un resarcimiento". Explicó que dichos planteos podrían materializarse "ya sea por la vía civil dentro de la investigación, o bien mediante una acción civil paralela". "Hoy sólo tengo la información periodística, donde se me adelanta el posible envío del caso. Si corresponde lo haremos, aunque aún hay mucho hilo por cortar". Autorías A criterio de Abate, ello será posible, "una vez que esté en claro la autoría, también el grado de responsabilidad. Entonces sí, Fiscalía de Estado podría pedir la devolución del dinero". Una vez más, el funcionario subrayó: ?Mi norte siempre fue el cumplimiento de la ley". Profundizó: "Fiscalía de Estado no va a dejar pasar por alto nada. Nadie va a enriquecerse sin trabajar; mucho menos en desmedro de la educación. Vamos a analizar las responsabilidades administrativas, civil y penal", enfatizó tajante. Sigue la investigación Por otra parte, ayer la Justicia continuó con testimoniales de profesionales del Departamento de Reconocimiento Médico Docente. Trascendió que casi todos descartaron, de plano, que fuesen suyas las firmas y los sellos insertos en las licencias cuestionadas por el Consejo de Educación. Por ende, ahora el magistrado avanzaría exclusivamente hacia los maestros que merced a tales documentos obtuvieron licencias de hasta 573 días. Sospechosos hay en capital y en departamentos del interior. Lo más delicado aún: el fuerte de los docentes investigados cobra hasta $ 14.000 cada uno. Como se sabe ya ingresó al menos un pedido de eximición de prisión de parte de una docente.l Publicado el 17/09/2015

Fuente y Foto: EL LIBERAL