“Puede ser la opción más fácil para la economía de subsistencia“, señala Ariela Álvarez, del comité contra la tortura.

Lejos de representar una política efectiva para combatir el narcotráfico, la implementación de la ley de narcomenudeo desde la mirada de la criminalización y fundada como una política de seguridad, lo que hizo fue profundizar la problemática de la sobrepoblación en cárceles y comisarías al calor de que marcar el fracaso de evitar la circulación de estupefacientes a baja escala. 

El Comité Provincial contra la Tortura Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPTCh) detalló que más de la mitad de las mujeres encarceladas en Chaco, ya sea en dispositivos institucionales o con arresto domiciliario son por causas de narcomenudeo.

‘En 2016, las mujeres privadas de su libertad eran 86 cuando hoy el número es de 320‘, señaló Ariela Álvarez integrante del Comité contra la Tortura. Un gran porcentaje de la cifra, unas 240 tiene arresto domiciliario mientras que el resto no escapa a la lógica general y se mantiene tanto en alcaidías como en comisarías.

‘Hay que atender la cuestión de fondo que es porqué y a quién se encarcela, la mayoría se trata de mujeres jóvenes, madres, que no completaron sus estudios medios y que se les dificulta el desarrollo de un proyecto de vida, nadie desconoce la problemática del narcotráfico pero a esta altura debería analizarse la efectividad de la ley porque en algunos casos el narcomenudeo puede representar la opción más fácil y rápida para la economía de subsistencia‘, sostuvo.

‘Aumentó el número de personas que se encarcela, que es el último eslabón de la cadena de narcotráfico y que eso no modificó el acceso a los estupefacientes, o bien padece el consumo problemático que es un problema de salud para lo cual el Estado no tiene servicios u opciones que sean suficientes, quien tiene un familiar en esta situación lamentablemente las respuestas la buscan en la Policía cuando la primera opción debería ser un tratamiento‘, dijo.

Otro de los puntos en los cuales el Comité viene haciendo hincapié desde hace un tiempo es la falta de acciones entre los poderes del Estado para por un lado descomprimir el hacinamiento en establecimientos de detención que se hizo más inquietante con la ley de narcomenudeo como también en generar alternativas para que se apliquen las garantías constitucionales y considerar a la privación de la libertad como el último ratio.

Alejandro Armoa, presidente del Comité contra la Tortura, señalaba que a septiembre último Chaco tenía 1310 detenidos en comisarías y 1288 en dispositivos del Servicio Penitenciario, un hecho grave por la falta de cumplimiento a que las comisarías no pueden funcionar como centro de detención permanente.

‘En el último relevamiento que hicimos notamos que hay la misma cantidad de detenidos en la comisaría Quinta de Resistencia como en la alcaidía de General San Martín‘, señaló Armoa.

Señaló que en el análisis se evidencia que existen 220 personas que cumplen condenas en comisarías.

‘No se trata de ideologías sino de hacer cumplir las reglas del juego que acordamos como sociedad que está plasmado en la Constitución‘, expresó e indicó que desde el área que coordina la intención es convocar a una mesa para repensar el sistema penal.

11-10-19 Fuente y foto: DIARIO NORTE