Fue a raíz de cambios en el IVA a los alimentos y en Ganancias que aplicó el presidente Mauricio Macri. Ahora el Estado nacional debe financiar las medidas con sus recursos.

FALLO DIVIDIDO. Ricardo Lorenzetti, Luis Maqueda y Horacio Rosatti votaron a favor de recomponer fondos a las provincias, Carlos Rosenkrantz en contra; y Elena Highton de Nolasco no votó.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, manifestó que “es una tranquilidad” el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia que obliga al Gobierno a compensar a las provincias por la baja del IVA a los alimentos y por los cambios en el impuesto a las Ganancias. Y señaló que en el caso de Santiago del Estero, son unos $ 400 millones lo que dejó de percibir por la reducción de Ganancias, durante el tiempo que se llevó implementada la medida, hasta la resolución de este martes del máximo tribunal del país.

“Es una tranquilidad el fallo, en primer lugar, porque pone en su lugar el cumplimiento de la ley que se había violado a través de un decreto presidencial; y en segundo lugar, porque desfinanciaba a las provincias”, indicó en una entrevista con El Destape Radio.

Del mismo modo, señaló que “participamos 15 provincias de la demanda colectiva, pero cada una hizo su propia demanda”.

“Si esto se mantenía había provincias que iban a tener problemas para pagar sueldos”, agregó el gobernador, quien se mostró confiado en que “a partir de ahora vamos a recuperar ese dinero”.

La Corte destacó en su fallo la importancia de “no afectar la coparticipación” a las provincias por la pérdida de recursos que implicaría para esos distritos dejar de percibir la parte del IVA que les gira la Nación todos los meses, y lo mismo ocurre con los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias, por el cual el Gobierno decretó una modificación en el monto imponible y la devolución del excedente pagado por los trabajadores durante este año.

Para Zamora, “este fallo pone las cosas en su lugar, porque desfinanciaba a las provincias y hace que tengan que restituir rápidamente los recursos”, y señaló que la resolución es de aplicación inmediata porque no es apelable y que de no acatarla, el gobierno del presidente Mauricio Macri estaría incurriendo en un “delito”.

Entre sus consideraciones, rescató que “el decreto le quitaba a Santiago del Estero más de 1.200 millones de pesos y además lo del IVA que no se puede calcular porque estuvo mal implementado”.

Ante la consulta de su parecer por la decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de sumarse al reclamo de las 15 provincias (entre ellas Santiago del Estero), Zamora señaló: “Me parece bien que Vidal se sume al reclamo. Los bonaerenses deben haberse sentido traicionados en sus derechos”. Y apuntó con ironía: “Nos trataron de extorsionadores y ahora le van a pedir a la Corte”.

“Pésima gestión”

Por otra parte se refirió a las elecciones y a la situación del país, sobre lo que recalcó: “Hay una gran desilusión de muchos sectores no sólo de la política sino de empresarios, productores, comerciantes”. Zamora señaló en tal sentido, que “las Paso fueron un anticipo de la primera vuelta y el 27 de octubre se convierte en una elección definitiva”.

En el caso puntual de Santiago del Estero, subrayó que “tuvimos la mayor diferencia en todo el país, 77 a 12. La expectativa que genera Alberto es exactamente proporcional a la poca que genera Macri”. Y agregó: “El Gobierno no entiende que la elección fue un plebiscito y que su gestión fue mala, pésima”.

Abate y más fiscales de Estado analizaban los próximos pasos

El fiscal de Estado de la provincia, Raúl Abate, a cargo de la presentación judicial en la Corte Suprema, remarcó que fue “una decisión política del gobernador Gerardo Zamora de defender los intereses de Santiago del Estero”.

En cuanto a la cuestión jurídica, dijo que la estrategia fue manejada entre todos los fiscales del país: “Una acción con una medida cautelar propuesta de idéntica forma ante la Corte Suprema, la que hizo lugar a la misma”.

El funcionario estaba ayer en una reunión de fiscales de Estado en Ushuaia (Tierra del Fuego), que analizaban los pasos a seguir: “Estamos esperando cómo se hará efectiva la medida, mi idea y la tenemos que conversar entre todos mis pares, es que a través del CFI se determine cuál sería el detrimento que sufrió cada provincia y solicitar que a través de la Corte se oficie a la Nación para que se reintegren esos fondos”, expuso.

Abate añadió que el fallo de la Corte Suprema fue sobre “una cautelar (de Entre Ríos); entonces debemos ser cautos, porque no se expidieron sobre el fondo”.

Y sentenció: “Lo que la Corte ha dicho es que la aplicación de los decretos que cuestionamos, su implementación sea soportado por Nación y no por las provincias”. l