Trece gobernadores pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare inconstitucional los decretos presidenciales que establecen la reducción del IVA a productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible para la deducción del Impuesto a las Ganancias.

Según fuentes judiciales y políticas, los 13 distritos que realizaron sus pedidos de medidas cautelares al máximo tribunal son Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Si bien las presentaciones se hicieron en forma separada, el contenido de todos los documentos es similar, explicaron.

Los mandatarios provinciales aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas ya que se trata, en el caso de IVA y Ganancias, de impuestos coparticipables, por lo que pidieron el dictado de una cautelar para que no se les retraigan recursos a las provincias hasta que se dicte un fallo de fondo.

En las presentaciones ante el máximo tribunal, las provincias argumentaron que el Presidente vulneró principios del federalismo al tomar decisiones que debería haber adoptado el Congreso, porque afectan remesas coparticipables. Y exigieron al máximo tribunal, con las cautelares, el cese de las detracciones y la devolución de los fondos afectados.

Estos planteos se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Tanto las medidas por IVA y Ganancias como la decisión de intervenir sobre el costo de los combustibles se tomaron en el marco de una batería de iniciativas diseñadas por el Gobierno para moderar el impacto de la devaluación post Paso en las economías de los sectores medios y bajos.

La medida fue la eliminación del IVA, del 21%, a los alimentos de consumo básico pan, aceite, leche, pastas, yerba, arroz y azúcar.

De los Estados que no se presentaron en Tribunales, cinco corresponden a Juntos por el Cambio (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes), mientras Misiones, Neuquén y Río Negro postergaron sus recursos porque iniciaron negociaciones con la Casa Rosada.

Asimismo, tampoco se sumaron a la presentación grupal las administraciones de Chaco, Córdoba y Entre Ríos.

Posición

El Fiscal de Estado provincial, Dr. Raúl Abate, había anticipado a EL LIBERAL la presentación que se realizó y sus motivos. Explicó que los decretos del presidente Mauricio Macri “son inconstitucionales porque atentan contra el federalismo. Aquí la Nación en vez de comportarse como una provincia, se arroga el derecho de retraer o disponer de los fondos que les corresponden a las provincias por coparticipación”.

Al respecto, Abate recordó que “ya la Corte dijo en su momento que todo lo referido a la coparticipación constituye un derecho interfederal y sólo puede ser modificado por acuerdo o leyes convenio firmado entre las provincias y la Nación”.

“Y como esto no se ha dado así, sino que se ha modificado por un simple decreto planteamos la inconstitucionalidad de esos decretos, por ser una medida inconsulta de disposición de fondos que le pertenecen a las provincias, para hacer lo que hoy diría, una política electoral de parte del Estado nacional”, cuestionó el alto funcionario provincial.

Agregó: “Yo celebro y comparto que la Nación disponga una baja de impuestos, pero que se haga responsable de tomar esa decisión, que no lo haga a costa del erario provincial”.

Demandas

Como parte de las 13 administraciones que se presentaron a la Corte, Chubut pidió “condenar al Estado nacional a restituir a la provincia una suma equivalente a la disminución en la masa a distribuir de los fondos coparticipables (ley 23.548) que por aplicación de las normas cuestionadas se afecte sobre los ingresos que corresponden a la provincia”.

En la misma línea, Tierra del Fuego advirtió que en caso de que el máximo tribunal “considere conveniente mantener la medida adoptada por el Estado nacional”, se solicita que “se ordene al Poder Ejecutivo que asuma provisionalmente con recursos propios el efecto económico de la medida impugnada hasta que culmine el entuerto”.