Será el primer encuentro tras el informe de la ONU que advirtió sobre "las graves vulneraciones de derechos" en el país caribeño, de parte del régimen chavista.

Con el objetivo de mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, se reúnen en Buenos Aires cancilleres de los países integrantes del Grupo de Lima que se creó en 2017 para dar un seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis política y humanitaria en el país caribeño.

El encuentro empieza a las 9 en la sede de Cancillería en Buenos Aires y será el primero después de que se conociera el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que denunció que en los últimos 18 meses hubo 7 mil asesinatos en ese país y que exigió al régimen chavista terminar con "las graves vulneraciones de derechos".

El canciller Jorge Faurie estará a la cargo de la apertura de la reunión, de la que participarán además sus pares de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana y Perú, además de delegados de otros países. En representación del Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó (que intervendrá en la reunión por videoconferencia) participará el diputado de la Asamblea Nacional Julio Borges.

El último encuentro del grupo había sido el 6 de junio pasado en Guatemala. En ese encuentro los países integrantes llamaron a intensificar la presión internacional sobre Maduro para buscar una solución "pacífica" y "dialogada" a la crisis, considerada una amenaza a la paz regional.

Ahora, la nueva reunión se desarrollará tras la difusión del informe de Bachelet en el que exigió a Maduro "detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales". En el documento advirtió que "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.

El Gobierno tiene una posición muy crítica con Maduro, y días atrás informó que empezará a recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido en Venezuela. La iniciativa estará a cargo del Ministerio de Justicia, que tomará todos los testimonios e información de víctimas que hayan sufrido o tengan conocimiento de este tipo de hechos. Esos datos serán luego analizados y se evaluará su remisión a los organismos internacionales competentes.