Delitos Económicos.

La Policía clausuró por orden de la Justicia una sala de juegos en la ciudad de Loreto, la cual no se hallaba habilitada y por lo tanto funcionaba de manera ilegal, lo cual configura un delito penado con hasta 5 años de cárcel.

La medida se llevó a cabo en la tarde del sábado, cuando los uniformados requisaron el lugar tras recopilar documentación en torno a una causa por fraude y secuestraron numerosos elementos relacionados con apuestas ilegales.

Efectivos de la División Delitos Económicos, pertenecientes a la Dirección General de Investigaciones, se trasladaron a la “Capital del Rosquete” y bajo la supervisión del fiscal coordinador Mariano Gómez, allanaron un inmueble ubicado sobre calle Presidente Raúl Alfonsín, entre Gumersindo Sayago y Absalón Rojas, donde se efectuaban juegos clandestinos.

Según se supo, la medida fue dictada por la Dra. Ana Cecilia Vittar, a cargo del Juzgado de Control y Garantías Circunscripción Capital, quien tras recibir toda la documentación que acreditaba la comisión del delito de fraude al comercio y a la industria, en perjuicio de la Caja Social y en contra de autores desconocidos, ordenó que se tramitara a través de la fiscalía del Dr. Ángel Belluomini.

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Según revelaron las fuentes, el procedimiento finalizó un intenso trabajo de investigación de varias semanas. Con la orden de ingresar a la casa, los efectivos allanaron el domicilio junto con el fiscal actuante y un inspector del organismo recaudador provincial.

Una vez requisada la sala se procedió al secuestro de numerosos elementos con los que se llevaba a cabo el juego clandestino, entre ellos una mesa con ruleta y monitor de apuestas, cartas de póker y otros elementos de un elevado valor económico.

Tras finalizar el procedimiento, las autoridades judiciales dispusieron la clausura del local y que se identificara fehacientemente a los propietarios para cerrar el círculo de responsabilidades en torno de una causa que se iniciara a raíz del perjuicio económico que le ocasionaba a la provincia.

La Fiscalía indicó que continuará con la investigación para determinar quién o quiénes son los proveedores de las máquinas que utilizan las salas clandestinas.

Las autoridades están decididas a llegar hasta “quienes están detrás” de la apertura de estos lugares que operan al margen de la ley en el interior de la provincia.