La Justicia considera que se trata de un derecho “inviolable”. El Gobierno nacional procura llevar el caso a la Corte Suprema, luego de que sacó este beneficio durante los años 2016 y 2017.

La Justicia ordenó al Estado nacional la inmediata restitución de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad dadas de baja en 2016 y 2017, por considerar que se trata de un derecho “inviolable”, en tanto el Gobierno procura llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de una causa iniciada por un amparo colectivo motorizado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que en los últimos días obtuvo dos fallos favorables de la Cámara Federal de Seguridad Social: uno, referido a la cuestión de fondo, que declaró la “inconstitucionalidad” e “inconvencionalidad” de diversos aspectos de la medida y, el otro, una cautelar que ordena la inmediata efectivización del pago de las pensiones suspendidas.

Desde la REDI celebraron ambas resoluciones, pero aclararon que su alcance es para los titulares de pensiones con certificado de discapacidad cuyos beneficios fueron suspendidos en 2016 y 2017, y no para quienes están fuera de ese grupo o actualmente se encuentran tramitando una pensión, a quienes recomiendan acudir a realizar los trámites “con asistencia jurídica gratuita” para evitar que les sea exigido el cumplimiento de requisitos ahora declarados “inconstitucionales”.

En este sentido, Varina Suleiman, abogada de la REDI, consignó que se encuentra recorriendo todo el país a raíz de la llegada de cartas documento en las que se intima a beneficiarios de pensiones a cumplir con requisitos fijados a través de una resolución de febrero pasado.

“Se necesita de una activa participación de las defensorías para que no se vean vulnerados los derechos frente a condiciones ya declaradas inconstitucionales en nuestro amparo. Le compete a la administración y no a los titulares de las prestaciones la carga procesal y las condiciones”.