El fiscal Simón y el juez federal Molinari timonean la causa que tiene como imputada a una abogada del municipio.

El Juzgado Federal local quiere saber cuánto vino facturando la abogada Ana Isabel Herrera, producto del ejercicio de su profesión, para tener más elementos en la causa que se sustancia en su contra por presunto cobro indebido de una pensión graciable.

Es por eso que como parte del requerimiento de una serie de medidas probatorias que el fiscal federal Pedro Simón solicita al juez federal Guillermo Molinari, se pide la participación de la Afip. El propósito es que el organismo recaudador informe sobre los montos de facturación que puede efectuar un monotributista categoría C (la que reviste la letrada) desde los años 2013 al presente.

Para el Ministerio Público Fiscal la abogada "percibe de manera indebida el beneficio de pensión graciable por no cumplir los requisitos legales establecidos al efecto, ya que su remuneración mensual excede el monto de dos jubilaciones mínimas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones". Y esta revisión desde el 2013 al presente, busca determinar si la profesional que además ingresó con categoría 21 en el municipio capitalino en 2015, cobró mensualmente más que lo permitido para quienes tienen una pensión graciable. Es por eso que también pide al juez que oficie ante la Anses local que informe el monto de la jubilación mínima del 2013 al presente.

El fiscal también requiere al titular del Juzgado Federal local, que se pida a Catastro que informe la valuación fiscal de la vivienda que tiene la abogada en el San Germés. La ley de pensiones, estipula que un beneficiario de una pensión graciable puede ser titular de un inmueble que tenga un valor fiscal máximo de $ 100 mil. Sin embargo, estas viviendas superan holgadamente este valor de acuerdo con los montos que se manejan en el Ipvu.