Al igual que el caso de la abogada del municipio capitalino imputada por cobrar supuestamente de manera indebida una pensión graciable, estas personas tendrían incompatibilidad para percibir estos beneficios.

Tal como ocurrió con las pensiones "truchas" de personas que por medio de documentos adulterados se "casaban" con jubilados muertos para recibir ese beneficio, la Anses inició una auditoría para determinar si en el universo de las pensiones no contributivas hay personas cuya situación no es compatible con los requisitos que fija la ley de pensiones.

Esta revisión permitió descubrir 500 casos de presuntas incompatibilidades de pensionados.

En breve, la Anses enviará cartas documentos a estas personas para que expliquen su situación.

Así lo indicó en diálogo con EL LIBERAL la gerente de la Unidad de Atención Integral (Udai) de Santiago, Natalia Neme. La funcionaria indicó que dentro de estos casos, se encuentra el de la abogada del municipio capitalino, quien tiene un cargo alto, es matriculada e inscripta en la Afip con categoría C como monotributista (con facturación mensual hasta $23 mil) y con una vivienda de lujo en el barrio San Germés, y que continúa percibiendo una pensión graciable pese a su posición.

Como se recordará, la letrada Ana Isabel Herrera está imputada por el fiscal federal Pedro Simón, por percepción irregular de una pensión graciable y por falseamiento de datos en su declaración jurada que brindó en la Municipalidad de la Capital, al omitir que es beneficiaria de la pensión graciable.

"Este es uno de los casos que se están revisando, como parte de los controles, de la incompatibilidad de las pensiones no contributivas y aquellos casos inscriptos en AFIP como monotributistas y autónomo. Se hace la citación al beneficiario para que de la explicación y en el caso de que hubiera un delito se denuncia en la Justicia Federal y se da de baja el beneficio", contó.

Neme explicó que "cuando se detectan irregularidades, por denuncia de particular o por el sistema de auditorías y controles, se cita al beneficiario para que concurra al Área de Detección para que efectúe el descargo y si no se presenta, como sucede en la mayoría de los casos, se les da de baja".

Puntualizó que ya hubo 35 casos en los que beneficiarios de una PNC que se encontraban en una situación de incompatibilidad fueron citados, y sólo unos pocos acudieron. "Con ello ahora estamos en la instancia de la posterior suspensión del beneficio y que actúe el órgano de Asuntos Penales para determinar si hay delito", indicó la funcionaria.

Advirtió que "también queda para decisión del organismo, el recupero de lo cobrado indebidamente".

De esta manera, se abre la puerta para una nueva instrucción compleja en el fuero penal de la Justicia Federal como ocurre con las pensiones truchas, donde casi medio centenar de personas fueron procesadas por pensiones truchas o intentar hacerlo, y también exempleados y un gestor, acusados de organizar un sistema por el cual se estafó a la Anses en más de $ 30 millones, según las estimaciones de la Udai local.