Apadrinada por su padre y actual intendente, “Pito” Castillo, alquiló en 2016 un inmueble de la Municipalidad.

La ciudadana Silvia Rivas Jordán, denunció que fue desalojada arbitrariamente de un local que se levanta sobre la Ruta 16, inmueble que le había cedido mediante un contrato de locación por la Municipalidad.

La denunciante, exhibiendo documentación en entrevista formulada por este diario, expresó que, “en 2016, arregló de palabra con el actual intendente Manuel Osvaldo ‘Pito’ Castillo, alquilar ‘El Rancho’, ubicado sobre la Ruta 16, que decía era de propiedad de su hija, la actual secretaria de Gobierno Silvia Mariela Castillo teniendo que hacer nosotros la reconstrucción para que se pueda explotar como un comedor, comprometiéndose a ayudar con algo de dinero y aportar la madera necesaria. Casi un año llevó construir adentro, todo, baños, cocina, pisos, patio, parrillas, barras, bancos, desagües electricidad, agua, ya que el local era solo paredes y techo del rancho”.

Al realizar el contrato, a título de propietaria lo hizo Silvia Mariela Castillo, la actual secretaria de Gobierno y como locador firma José Antonio Jiménez, esposo de Rivas Jordán, poniendo Castillo las condiciones.

“En enero de 2017 nos notificaron, sobre la clausura de ’El Rancho’ por falta de habilitación. Se le informó a Castillo sobre la situación, y se comprometieron a hacer el trámite de habilitación del lugar. Durante un año esperamos y, en noviembre de 2017, nos informaron desde Rentas de la Municipalidad,que no se podía hacer la habilitación por la documentación faltante que acredite quién era el propietario del lugar. Allí nos enteramos que Silvia Mariela Castillo no era la propietaria del inmueble, sino que pertenecía al Municipio y que no teníamos porqué pagar ningún alquiler. Y fue entonces que nos dimos cuenta que estábamos siendo estafados por quien hoy ocupa un cargo relevante en el Municipio de Monte Quemado”, manifestó Rivas Jordán.

Desde la Comuna le informaron que procederían a desalojarlos, ya que el terreno pertenece al patrimonio municipal.

Rivas Jordán agregó: “En abril de 2018, careciendo de habilitación, solicitamos con mi esposo que nos informen la situación catastral del terreno y en caso de no tener propietario proceda a darnos la tenencia debido a la gran inversión que habíamos realizado para poder trabajar en el local. En julio de dicho año la Municipalidad procedió a realizarnos, un contrato de locación y en consecuencia comenzamos a trabajar en forma normal y abonando al Municipio por la cesión provisoria del terreno”.

Luego de eso, Castillo reclamó mediante denuncia que la propiedad era suya. “Razón por la cual se hace conocer todo a la jueza Valeria Díaz, donde Castillo había iniciado un juicio pidiendo nuestro desalojo por falta de pago de un terreno que no les pertenecía”, resaltó Rivas Jordán y agregó: “Curiosamente es la jueza quien ordenó nuestro desalojo el sábado 20 de diciembre, procediendo con el uso de la fuerza pública a expulsarnos de manera violenta del negocio. Acto seguido le entregaron el terreno y local a Castillo”, aseguró.

Finalmente Rivas Jordán menciona que ella y su familia están sufriendo amenazas por parte de la familia Castillo, por lo que formuló las correspondientes denuncias ya que temen por su integridad “ante las situaciones de abuso de poder que ejercen con absoluta impunidad”, aseguró.