El joven fue ultrajado por primera vez cuando asistía a la escuela primaria. Desde entonces, los sujetos lo usaron de esclavo sexual

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, General Taboada, Gladys Liliana Lami, condenó a un sujeto por abusar sexualmente de su vecino adolescente, cuando apenas tenía 11 años.

Así lo resolvió la magistrada, al homologar un juicio abreviado consensuado entre la defensa y la fiscal, doctora Florencia Garzón.

El fallo recayó en contra de Luis Fernando Ponce, quien al momento de atacar a la víctima tenía 17 años, trascendió en esferas judiciales.

"Abuso sexual con acceso carnal" fue la figura enrostrada por Garzón a Ponce, quien tiene vedado acercarse al menor, contactarlo por ninguna vía, tampoco intentarlo con alguno de sus familiares.

Humillaciones

La historia arrancó en enero de este año, de casualidad, ocasión en que una mujer descubrió provocaciones callejeras contra su hijo adolescente.

El curioso hecho fue precedido por un incidente, en cuyo transcurso otro vecino lo encerró en su casa y abusó sexualmente, se supo.

El suceso llegó de inmediato a la Fiscalía y Garzón ordenó una ambiciosa y exhaustiva investigación.

En Cámara Gesell, ante psicólogos, el menor confirmó que un vecino lo abusó dentro de su vivienda.

También, desandó una serie de episodios y reveló que de niño lo había vejado otro vecino, en alusión a Ponce, se supo.

Ambos fueron detenidos y sometidos a proceso.

Paralelos opuestos

Durante estos nueve meses de investigación, quedó en claro que los dos hombres accedieron sexualmente al adolescente.

Sin embargo, los cargos sólo prosperaron en contra de Ponce, ya que en los últimos días el otro detenido ha sido declarado inimputable por el juez Álvaro Mansilla.

En su resolución, el magistrado instó al sujeto a iniciar un tratamiento y le está penado acercarse al adolescente.

Rejas en suspenso

En el caso de Ponce, en audiencia la jueza Lami lo condenó a tres años de prisión en suspenso, más duras reglas de conducta.

Entre las más importantes, cesar cualquier acercamiento al joven, insultos, acosos, etc...

Según la extensa resolución, la Justicia instó a la familia a proteger al jovencito, preservándolo de sujetos proclives a la burla.

En ese frágil escenario legal, Ponce y el otro inimputable (de apellido Carrizo) deberán reformular sus conductas, bajo pena de "pasillear" mucho tiempo por tribunales de Añatuya y/o de las comisarías.