Hasta que no se haga efectiva la fianza, continuarán tras las rejas. El porqué de tan alto monto para los imputados.

La Justicia Federal de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, fijó una fianza real de un millón y medio de pesos para la excarcelación de los hermanos Celeste y Héctor Eduardo Lucatelli, Paola Conte (esposa de Héctor Lucatelli), y Luis Marcelo Villar.

Los cuatro están acusados de haber percibido de manera indebida pensiones derivadas, producto de matrimonios ficticios con jubilados fallecidos, para lo cual se habrían valido de actas de matrimonio truchas.

Los acusados continuarán detenidos en la causa en la que se investiga un millonario fraude en perjuicio del organismo previsional, hasta que cumplan con el pago de la garantía, que también podría ser a través de un inmueble.

La resolución del juez fue tomando en cuenta el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, y fijó una fianza real de un $ 1,5 millón para cada uno de los imputados. Fuentes judiciales indicaron que hasta que no se haga efectiva la fianza, estas personas no saldrán en libertad. Además, en el caso de que ofrecieran un inmueble, el Juzgado Federal tendrá que pedir un informe al Registro de la Propiedad o al organismo pertinente para ver si no hay algún inconveniente con dicho inmueble. Y una vez que se inscriba ese inmueble pasarían dos o tres días hasta que salgan en libertad. O si alguno plantea inconveniente para hacerse cargo de la fianza, se evaluaría la situación.

Sobre por qué se fijó una fianza real tan alta, investigadores indicaron que fue por el perjuicio que causaron al Estado.

Como se recordará, según lo determinó una auditoría interna de la Anses, Héctor Lucatelli y su hermana Celeste cobraron más de $800 mil, en tanto que Paola Conte percibió un poco más de $1.240.000; y Luis Villar, al cual los investigadores entienden que también habría sido un colaborador o un nexo entre el gestor y otros beneficiarios, cobró casi $ 700 mil.

A estas cuatro personas se les imputan los delitos de defraudación y falsificación de documentos públicos.

Por otra parte, tanto el fiscal federal Pedro Simón como el juez federal Guillermo Molinari rechazaron los pedidos de excarcelación de los cuatro empleados de la Anses que fueron despedidos: Luis Manuel Paz (exsegundo jefe del organismo), el abogado Marcos Chazarreta, Graciela Saad y Luis César Cortez. También del empleado Ricardo Trotta, y del presunto gestor Cecilio Ibáñez (excuñado de Graciela Saad). Es que los magistrados entienden que la responsabilidad de estas personas en las maniobras era mayúscula y es por eso que están imputados además de los delitos mencionados, por asociación ilícita.