Fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

El Gobierno, a través de Vialidad Nacional, les reclama a Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, entre otros imputados, más de 1.200 millones de dólares a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción".

El número es en concepto de las obras otorgadas al empresario K que nunca concluyó. El pedido se hizo ante el juez Julián Ercolini, quien aceptó a Vialidad Nacional como "actor civil" en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.

Cabe destacar que la causa está próxima a ser elevada a juicio oral.

Vialidad Nacional había denunciado el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones y otras firmas del holding. Y ahora, como actores civiles, exigen el resarcimiento "por el daño causado por el accionar de los ex funcionarios y Báez desde 2005 a 2015", adelantó a Clarín Javier Iguacel, director del organismo vial.

En el expediente, Ercolini procesó a la expresidenta, a De Vido, López, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado.

Según describió el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, se instauró una "maniobra de corrupción", desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez".

Fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos. A modo de resarcimiento, las nuevas autoridades de Vialidad Nacional reclaman cerca de la mitad.

Este circuito de contrataciones "irregulares", permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los expresidentes", básicamente a través de alquileres de habitaciones de hoteles que no se usaban, según la investigación.