La iniciativa es impulsada por el Ministerio del Interior. Propone habilitar a las empresas a realizar aportes electorales, pero no se hace ninguna mención a las que son proveedoras del Estado.

El Gobierno buscará cambiar las normas que regulan la relación entre el dinero y la política. En la línea de largada de la campaña legislativa, el Ministerio del Interior presentará hoy su proyecto de reforma de financiamiento electoral, una iniciativa que planea enviar al Congreso este año, pero que recién tendría plena aplicación en 2019.
Según publicó La Nación, el Gobierno planteará la necesidad de ‘blanquear‘ y sincerar muchos de los fondos que históricamente circularon en negro en los partidos políticos. Uno de los puntos centrales del proyecto propone habilitar los aportes de empresas a las campañas electorales, algo prohibido desde 2009 y que daba lugar a los ‘dibujos‘ en los balances que se presentaban ante la justicia electoral.
Para sortear ese obstáculo, muchos candidatos vienen declarando que obtuvieron financiamiento privado, pero para el ‘desenvolvimiento institucional‘ del partido, una contabilidad que se lleva de forma paralela a las campañas; pero que, en rigor, implica un ‘aporte oblicuo‘ a la actividad proselitista.
Así, por ejemplo, en 2015 Pro recibió con esa modalidad $ 84 millones de parte de unas 300 empresas. Su principal rival, el FPV, omitió, sin embargo, declarar cualquier aporte empresario. 
Hoy, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada se celebrará una primera reunión con distintas organizaciones de la sociedad civil y ONG para buscar los consensos iniciales. En el encuentro estarán el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Entre los invitados a disertar se cuentan Cippec, Poder Ciudadano, Transparency Internacional y el diputado de la Coalición Cívica (CC) Fernando Sánchez.

Bancarización

Uno de los puntos que encuentra más consenso es el de la bancarización de los aportes a las campañas. Hoy, gran parte de los giros a los partidos se realiza en efectivo, lo cual dificulta el control de su origen y destino. ‘La reforma apunta a que el dinero de los aportes y gastos sea registrado, para que el origen de los fondos que se utilizan en la política sea fácilmente identificable‘, indica el proyecto.
‘La meta es hacer más transparente el proceso. La tecnología puede permitir hacer un monitoreo del financiamiento en tiempo real. Nosotros hacemos el control de las cuentas de los partidos ex-post, y muchas veces las sanciones llegan tarde‘, manifestaron fuentes oficiales. Según aseguran en la Casa Rosada, ya existieron diálogos con la justicia electoral, que será la que deberá adoptar los mayores cambios para auditar a los candidatos. En el proyecto, se estipula la creación de un nuevo sistema diseñado por la Cámara Nacional Electoral y administrado por los jueces federales con competencia electoral.
Otra de las propuestas apunta a mecanismos para identificar la verosimilitud de los gastos que declaran los partidos durante la campaña electoral. Así el Gobierno propondrá crear un registro de empresas proveedoras de bienes y servicios para la actividad proselitista, como la cartelería y la publicidad, entre otros puntos.
La iniciativa del Ministerio del Interior también incluye promover sanciones ‘para quienes utilicen recursos públicos para promover o perjudicar a un candidato‘ y regulaciones más estrictas de la publicidad oficial. Las ONG llevarán sus propuestas y esperan ser contempladas en el proyecto final.
Las claves del plan para transparentar el financiamiento

Límite

La iniciativa establece controles y topes para que ninguna persona, ya sea física o jurídica, pueda ‘comprar una campaña‘. Los empresarios no podrán aportar más del 2% de los gastos permitidos para un partido durante la campaña. Nada dice de las empresas proveedoras del Estado.