Junín (Ecuador), 13 mar (EFE).- Los habitantes del valle de Íntag, en los Andes ecuatorianos, llevan más de tres décadas resistiendo la llegada de la minería a sus tierras, pero temen que la nueva ley minera impulsada por el Gobierno de Ecuador facilite el avance y reabra un conflicto marcado por denuncias de contaminación, divisiones comunitarias y tensiones con la administración.

En esta región montañosa de la provincia de Imbabura, en el norte del país, comunidades locales ya alertaron de impactos que la exploración minera ha tenido en ríos, biodiversidad y actividades como la agricultura y el turismo comunitario.

El valle de Íntag, por el que celebridades como el actor Leonardo DiCaprio han publicado mensajes a favor de su conservación, es una región de bosques nublados que alberga una gran diversidad de orquídeas, aves, anfibios y mamíferos.

El principal argumento de los detractores de la nueva norma es que reduce los controles ambientales, algo que consideran "una amenaza muy fuerte" para las comunidades aledañas.

Habitantes involucrados en los monitoreos ambientales han relatado a EFE su experiencia conviviendo con el conflicto, y han descrito cómo una de las grandes afectaciones de las actividades vinculadas a la minería está en el agua de los ríos.

"Hasta hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la contaminación", dice Marcia Ramírez, parte de la directiva de EcoJunín, que impulsa iniciativas de ecoturismo, al afirmar que se han registrado cambios en el pH, la temperatura y la conductividad.

Por ejemplo, el pH bajó a 6 y 6,5 puntos en el 2020, mientras que la conductividad llegó a ascender hasta 327 μS (microsiemens) a finales de 2016, cuando el rango habitual, según los monitoreos ambientales de las comunidades, oscila entre 20 y 100 μS.

La disputa comenzó en los años 90 con las primeras exploraciones de una empresa minera de origen japonés, frente a las que las comunidades locales se posicionaron desde el inicio.

Años más tarde, la canadiense Ascendant Copper retomó la actividad exploratoria en la zona, lo que provocó la indignación de los habitantes, que llegaron a retener a 56 supuestos paramilitares vinculados a la empresa, en medio de enfrentamientos que finalmente derivaron en su salida del país.

Después, en 2011, el Estado ecuatoriano retomó el proyecto a través de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) y firmó un acuerdo con la estatal chilena Codelco para desarrollar el proyecto de cobre Llurimagua.

Esto provocó un nuevo levantamiento de las comunidades y derivó en la detención del dirigente de Junín Javier Ramírez, quien permaneció diez meses en prisión en 2014 acusado de rebelión y sabotaje, un episodio que el agricultor Edmundo Lucero califica a EFE como un ejemplo de las "amenazas" ejercidas contra quienes se oponen a la minería.

Norma, otra habitante de Junín, recuerda de aquel año la fuerte presencia policial y el "miedo" constante. Por su parte, Santiago Ramírez, de 24 años, declarar que siendo niño vio cómo policías golpeaban a miembros de su familia.

No fue hasta 2023 que la Corte Provincial de Justicia de Imbabura falló a favor de las comunidades de Íntag y revocó la licencia ambiental del proyecto Llurimagua. Para ellos, la defensa del territorio no se limita al plano ambiental y sostienen que la minería también ha golpeado la economía local y el tejido social.

Kléver, guía de turismo y monitor comunitario de EcoJunín, asegura que el turismo se ha resentido por la división interna generada en la comunidad.

"La minería ha afectado al turismo porque se ha dividido mucha gente, incluso personas que apoyaban el turismo pasaron a apoyar la minería", lamenta.

(c) Agencia EFE