El jefe de la organización no llegó a salir del aeropuerto de Málaga. Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Granada le esperaban cuando aterrizó en un vuelo procedente de Sudamérica.

Fue el primero de los 19 arrestados en el marco de la operación Nazarí 91 Ali-Atar, que también incluyó registros en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. De los detenidos, 18 han ingresado en prisión provisional.

La red tenía una logística bien definida. Adquiría la droga en Brasil, la introducía en la península Ibérica escondida en contenedores que entraban por Portugal y desde ahí la trasladaba a distintos puntos de la provincia de Málaga. El siguiente destino era Loja, un municipio del interior de Granada donde el cabecilla tenía su base de operaciones.

Allí, en el garaje de un edificio de su propiedad, había construido un zulo al que se accedía por uno de los dos ascensores del inmueble. Para activarlo era necesario introducir un código numérico en un panel. Solo él lo conocía.

Desde ese punto, la cocaína se repartía entre los miembros de la red, oculta en los respaldos de los asientos de los vehículos y en dobles fondos habilitados para el transporte.

Entre los hallazgos de la investigación de la Guardia Civil destaca uno que los agentes no habían visto antes en la provincia: un laboratorio destinado a la producción de la llamada "cocaína rosa", una variante de la droga que se mezcla con otras sustancias y que en los últimos años ha ido apareciendo en distintos puntos de España.

Los registros, 31 en total, repartidos entre las cinco provincias, arrojaron un balance considerable: casi 19 kilogramos de cocaína, siete de hachís, 500 gramos de metanfetaminas, 727 plantas de marihuana, dos kilos de picadura envasada y alrededor de cuatro kilos de sustancia de corte.

También se incautaron seis armas de fuego cortas, cinco armas blancas, una carabina de aire comprimido, una pistola táser y más de 200.000 euros en efectivo repartidos en diez vehículos registrados.

La investigación no se limitó al tráfico de estupefacientes. En paralelo, los agentes siguieron el rastro del dinero. El resultado fue la intervención de 17 inmuebles en distintas provincias y el bloqueo de 20 cuentas bancarias, con un valor conjunto próximo a los dos millones de euros. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Loja.